La decisión de ordenar el Acuartelamiento de Primer Grado en todas las unidades de las Fuerzas Militares del país busca reforzar la capacidad de respuesta de las tropas ante la creciente amenaza de los grupos armados ilegales y la reciente ola de ataques en diferentes ciudades del territorio colombiano.
Bajo estos lineamientos, la disposición de las autoridades militares apunta a proteger a los uniformados, incrementar los patrullajes y controlar cualquier eventualidad en zonas estratégicas. La orden fue impartida por el general Hugo López, jefe de Estado Mayor de Operaciones y comandante encargado en ausencia del almirante Francisco Cubides, dispuso que todos los pelotones, compañías, brigadas y divisiones permanezcan atentos y dentro de sus instalaciones.
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Este nivel de acuartelamiento exige que la totalidad del personal militar esté disponible en todo momento, con permisos y licencias suspendidos salvo en situaciones urgentes, y listos para movilizarse con rapidez.
La medida implica también que las armas, equipos y vehículos se mantengan en inmediata disposición y que se intensifiquen los controles y operaciones de vigilancia en las áreas donde existe un mayor riesgo de acciones hostiles.
Además, la autoridad militar pretende anticiparse a posibles atentados y consolidar la seguridad interna mediante el despliegue de efectivos en todas las ciudades donde exista presencial de las Fuerzas Militares.
Aunque la ciudadanía no enfrenta restricciones a su movilidad y no se ha declarado toque de queda, sí encontrará un refuerzo notable de la presencia militar en puntos clave del territorio nacional.
El Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional operan bajo esta directiva para responder ante escenarios de amenaza, centrándose en la prevención y la reacción oportuna.
Las autoridades solicitan colaboración de la población con información que pueda ser útil para anticipar nuevos ataques y contribuir a una respuesta eficaz. Voces de sectores políticos y sociales consideran que estos hechos confirman los retos de la política oficial de “paz total”, mientras señalan un aumento en la capacidad de acción de los grupos armados.
Seguridad quebrada en Colombia
El uso de drones en el atentado contra la Policía en Amalfi representa un factor de preocupación adicional para los organismos de seguridad y defensa, al evidenciar la sofisticación en las tácticas utilizadas por los actores armados ilegales.
Este tipo de tecnología permite ejecutar ataques dirigidos con alto nivel de precisión y riesgo para las fuerzas policiales o militares que operan en terreno. La comunidad internacional, en particular Estados Unidos, reiteró su respaldo a Colombia en la lucha contra estas amenazas, en el que ratificó el valor y sacrificio de los miembros de la Policía Nacional y el Ejército que trabajan por la protección de la ciudadanía.
Estos incidentes llevan a que la fuerza pública refuerce los dispositivos de seguridad y amplíe la vigilancia en instalaciones clave. La escalada de los atentados resalta la persistencia de riesgos complejos en regiones como Antioquia y Valle del Cauca, en donde confluyen problemáticas de narcotráfico, disputa territorial y ataques sistemáticos a la institucionalidad.
La reacción de la Embajada de Estados Unidos y el mensaje del general Cardozo ilustran el momento crítico que enfrenta el territorio nacional en materia de seguridad, así como la relevancia del respaldo internacional y la coordinación interinstitucional para hacer frente a los desafíos que imponen las nuevas modalidades de violencia armada.
Las autoridades llaman a la unidad y a la preparación continua de las fuerzas para salvaguardar la vida e integridad tanto del personal policial y militar como de la población civil en un momento de alta tensión nacional referente a la seguridad lo que pone en riesgo la llamada “Paz Total” de Petro.