“Ustedes ya oyeron, no sigue Thomas Greg, entonces vamos a quitarle este piano de encima al señor presidente, porque esto hay que resolverlo y hay que resolverlo ya, y la imprenta es la que va a empezar a ejecutar todo”, así fue como la secretaria general de la Cancillería, Lucy Edrey Acevedo Meneses, declaró ante la Procuraduría General de la Nación recordando cómo se desarrollaron los momentos cruciales que llevaron a la suspensión de Alfredo Saade como jefe de Despacho de la Presidencia y su anticipado traslado a la embajada en Brasil.
Esta decisión se produjo en medio de una compleja transición estatal para la expedición de pasaportes en Colombia: el Gobierno busca reemplazar al contratista privado Thomas Greg & Sons con la Imprenta Nacional, a pesar de dudas técnicas y administrativas sobre la capacidad inmediata de esta última para asumir un proceso estratégico y de alta demanda.
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El documento disciplinario de la Procuraduría, al que tuvo acceso El Tiempo, recoge pruebas aportadas por funcionarios de alto nivel y revela que Saade sobrepasó los límites de su cargo al imponer directrices a dependencias de la Cancillería y coordinar reuniones e instrucciones sobre la contratación de pasaportes, competencias que no le correspondían.
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Entre esas pruebas figuran los testimonios del viceministro Mauricio Jaramillo, el secretario jurídico Camilo Andrés Escobar Gutiérrez, el asesor Juan Carlos Fernández Martínez y la propia Acevedo Meneses, que relataron que Saade no solo tomó decisiones por fuera de su rango sino que acusó a funcionarios de “tener intereses a favor de Thomas Greg”, presionando para cumplir “órdenes del presidente”.
En el trasfondo de este proceso disciplinario se encuentra la intención oficial de “fortalecer el rol público en la expedición de pasaportes, reducir la dependencia de un único contratista privado y aumentar el control, la seguridad y la soberanía sobre el sistema”.
No obstante, peritos de la Procuraduría advirtieron que la Imprenta Nacional “no estaba en capacidad de asumir la expedición de pasaportes”, una vez finalice el contrato con Thomas Greg el próximo 1 de septiembre de 2025. Las limitaciones técnicas, la curva de aprendizaje y la falta de equipamiento suficiente imposibilitaban suplir la demanda nacional en el corto plazo.
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El Gobierno intentó agilizar una solución concertada e internacional: pactó un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para apoyar parte de las funciones logísticas en la impresión de pasaportes. Sin embargo, ese acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2026 —y se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2036—, dejando un vacío operativo que, según los funcionarios técnicos consultados por la Procuraduría, solo podría cubrirse con una prórroga al actual contrato de Thomas Greg, opción que el Ejecutivo intentaba evitar.
A finales de junio, Saade encabezó reuniones claves en la Casa de Nariño en las que insistió en ejecutar de inmediato la transición, pese a la explícita oposición de los equipos técnico y jurídico de la Cancillería.
El expediente oficial detalla que el 27 de junio de 2025, primero junto al presidente Gustavo Petro y luego con el resto del gabinete, Saade insistió en la firma de un nuevo acuerdo con Portugal cargando sobre sus interlocutores la responsabilidad: “Aquí va a haber consecuencias, porque aquí hay abogados de Thomas Greg”.
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El secretario jurídico Escobar Gutiérrez respondió: “Eso no es cierto, director. Eso no es cierto”, y recordó que varios presentes se sintieron “agredidos” por el tono de la discusión y las insinuaciones de conflicto de interés.
El viceministro Jaramillo añadió en su versión que no podía firmar documentos sin evidencia concreta de que la Imprenta Nacional tenía la capacidad de producción y que el gobierno portugués había advertido que la transición duraría entre seis y nueve meses.
“Hasta esa fecha no había garantías de que la Imprenta Nacional pudiera producir el número de pasaportes promedio según la demanda”, afirmó, recomendando que el cambio se hiciera “de la mano de Thomas Greg”, mientras se avanzaba en la preparación técnica con apoyo de Portugal.
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La presión por una transición abrupta incluyó la instrucción verbal de “racionalizar la entrega de citas” para evitar un posible colapso ante la alta demanda si la Imprenta no alcanzaba a cubrir la expedición.
Según los testimonios, el jefe de Despacho también fue tajante al pedir la terminación inmediata del contrato con Thomas Greg, a lo que funcionarios respondieron que “no había ninguna causal para darlo por terminado la próxima semana” y que no resultaba viable declarar un incumplimiento sin fundamentos sólidos.
Estas acciones y presiones quedaron documentadas en el expediente de la Procuraduría, que consolidó los testimonios y peritajes para fundamentar los cuatro cargos disciplinarios y la salida inmediata de Alfredo Saade de Palacio.
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