En una jornada cargada de tensión política y mediática, el exvicepresidente de la República Francisco Santos Calderón llegó el viernes 1 de agosto al complejo judicial de Paloquemao para manifestar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
A las afueras del recinto judicial, rodeado de simpatizantes del exmandatario que gritaban consignas como “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”, Santos ofreció declaraciones contundentes ante los medios de comunicación.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Con el rostro visiblemente afectado por la noticia, no escatimó críticas al proceso judicial ni a la jueza a cargo del caso, Sandra Liliana Heredia, a la que responsabilizó de emitir un fallo que, en sus palabras, “representa un retroceso gigante para la justicia colombiana”.
“El acervo probatorio fue manipulado, hubo vacíos evidentes y múltiples irregularidades que no pueden ser ignoradas”, denunció el exvicepresidente, sugiriendo que la decisión judicial no solo es cuestionable en términos técnicos, sino que obedece a intereses políticos. “Esta decisión es de origen absolutamente político. Por primera vez veo que la justicia, que tanto ha sufrido, cae en la tentación de los intereses ideológicos”, señaló con firmeza.
Francisco Santos, que ha sido uno de los más cercanos aliados de Álvaro Uribe desde su paso por la vicepresidencia entre 2002 y 2010, aseguró que el caso será llevado a instancias internacionales, convencido de que el proceso judicial no se ha desarrollado con las garantías que exige el debido proceso.
“Este caso va a llegar a instancias internacionales. Se va a revisar el expediente, las pruebas, las grabaciones… todo. En escenarios internacionales se van a evaluar todas las áreas que aquí fueron manipuladas”, afirmó.
La condena al expresidente Uribe ha provocado un fuerte remezón en el panorama político nacional. Su figura, aún influyente en muchos sectores de la derecha colombiana, ha polarizado la opinión pública, dividiendo a ciudadanos, líderes políticos y juristas en torno a la legitimidad y el impacto del fallo.
Mientras algunos celebran lo que consideran un avance en la lucha contra la impunidad, otros, como Santos, lo ven como un peligroso precedente que pone en entredicho la independencia judicial. “Me duele, me duele profundamente el alma... Con esta decisión él queda en un mal momento”, agregó Santos.
La lectura de la sentencia estuvo a cargo de la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, que concluyó que las pruebas en contra del expresidente eran “contundentes y concluyentes”. Sin embargo, su abogado defensor Jaime Granados anunció que apelarán la decisión, y se espera que el Tribunal Superior de Bogotá revise el caso en segunda instancia.
Santos expresó su confianza en que esta revisión servirá para revertir lo que considera una “injusticia histórica”. “Yo la verdad, lo que espero es que el Tribunal Superior evalúe las pruebas seriamente y cuando encuentre todos los vacíos y todas las manipulaciones que se dieron, las evidencias. Yo estoy absolutamente seguro que también van a escuchar mi caso”, subrayó.
Mientras tanto, en los alrededores del Complejo Judicial, la presencia de seguidores del exmandatario no se hizo esperar. Portando banderas, pancartas y camisetas alusivas al expresidente, coreando frases como “Uribe inocente”. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo de seguridad para evitar desórdenes, aunque hasta el cierre de esta nota no se reportaron incidentes graves.
“Hoy, por primera vez veo que la Justicia tiene un elemento político fundamental que por lo menos una juez, cuando miramos para atrás, un fiscal o un ministro de Justicia y todo eso que llega a este fallo, digamos, para una justicia que ha sufrido tanto, me parece que es un retroceso gigante”, concluyó Santos.
La condena contra Uribe, el primer expresidente colombiano en enfrentar un fallo penal en su contra, marca un hito en la historia judicial del país y abre un debate sobre el papel de la justicia frente al poder político.