La apertura de una investigación disciplinaria en contra de Laura Sarabia, ahora exministra de Relaciones Exteriores, no solo reaviva el debate en torno al manejo del contrato de los pasaportes, sino que deja al descubierto las tensiones internas que llevaron a su abrupta salida del cargo. Pero, la ex alta funcionaria no guardó silencio, todo lo contrario, utilizó sus redes sociales para exponer su versión de los hechos y dejar claro que, según ella, su actuar fue transparente y respaldado desde la Casa de Nariño.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la exfuncionaria reiteró su disposición a colaborar con las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.
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“Confío en la investigación que adelanta la Procuraduría. Desde el 5 de marzo pedí expresamente su acompañamiento, así como el de la Contraloría. Todo el proceso ha sido trazable y documentado. Cada decisión que se tomó respondió a instrucciones del Presidente, con un único propósito: garantizar la continuidad del servicio y actuar con responsabilidad ante las necesidades del país”, escribió.
La publicación no es menor, debido a que la comparte en medio de las presuntas irregularidades en la expedición de pasaportes. La salida de Sarabia del ministerio fue vista por algunos sectores como una forma de deslindar responsabilidades, mientras que otros interpretaron su renuncia irrevocable como una muestra de desacuerdo con las decisiones de Gustavo Petro. Lo cierto es que su nombre, lejos de desaparecer del radar político, permanece atado a uno de los escándalos administrativos más delicados del último año.
Es fundamental recordar el historial de Sarabia dentro del Gobierno Petro, puesto que fue una de las funcionarias que estuvo en el centro de las decisiones más estratégicas —y polémicas— del Ejecutivo.
Una salida temprana por escándalos relacionados con abuso de poder la sacó del radar momentáneamente, pero su retorno fue veloz. Primero pasó por la dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), luego por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y finalmente asumió la Cancillería, donde también sale con ‘problemas’ debido al tema de los pasaportes.
Cada uno de esos movimientos la fue acercando a un núcleo de poder que, a la vez que le ofrecía respaldo, también la convirtió en blanco de críticas y recelos. El caso de los pasaportes es apenas el más reciente episodio en una cadena de controversias que la acompañan desde que decidió subirse al tren del petrismo.
Contrato de pasaportes: esta es la razón por la que el Ministerio Público inició investigaciones
El foco del conflicto gira en torno al contrato con la firma Thomas Greg & Sons (TGS), que manejó históricamente la impresión y distribución de pasaportes en Colombia. La intención del presidente Petro de transferir esa responsabilidad a la Imprenta Nacional, con el apoyo del gobierno de Portugal, fue vista por Sarabia como técnicamente inviable. Así lo hizo saber en reuniones internas y en documentos oficiales. La cifra de 8.000 pasaportes diarios, según ella, supera con creces la capacidad actual de la entidad gubernamental encargada de imprimir documentos oficiales.
Esa resistencia fue suficiente para provocar un quiebre. Petro decidió apartarla del camino y delegó el tema a su jefe de despacho, Alfredo Saade, un personaje que es famoso por sus comentarios controversiales, por su cercanía con el mandatario y su discurso de corte religioso.
Saade, a su vez, dijo estar en conversaciones con autoridades portuguesas para sacar adelante el nuevo modelo de expedición. Lo que aún no está claro es si lograrán implementar un sistema eficaz antes del 1 de septiembre, fecha en la que expira la prórroga del contrato con TGS.
Por ahora, la Procuraduría se limitó a anunciar la apertura de la indagación disciplinaria en contra de Sarabia, su antecesor Luis Gilberto Murillo y el propio Saade. Las investigaciones también incluyen inspecciones en la Cancillería y la Imprenta Nacional, con el fin de verificar los procedimientos en curso. Aunque se trata de una etapa preliminar, se anticipa que el concepto técnico apunta a una conclusión preocupante, y es que la entidad no tiene la infraestructura necesaria para asumir el reto a corto plazo.