En un contundente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra funcionarios públicos que habrían intentado frustrar la entrega de tierras que fueron parte del patrimonio ilícito del narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias Gacha, y que están destinadas a procesos de restitución en favor de campesinos colombianos.
“Es increíble que el poder local institucional, de Puerto Salgar no colabore con la entrega de los predios del narcotráfico al campesinado de la región. Esta es una orden de la humanidad, no solo del presidente, dado que emana del acuerdo de paz entregado como tal, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló el mandatario.
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La denuncia se produjo luego de que Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), expusiera públicamente las dificultades que enfrenta esa entidad para recuperar y entregar cerca de 3.000 hectáreas en ese municipio de Cundinamarca. Estas tierras, que fueron administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y, posteriormente, adquiridas por la ANT, estarían siendo ocupadas de forma ilegal por Jorge Pérez Sicacha, según la información entregada por el funcionario.
La ANT señaló obstrucción por parte de la Alcaldía, el personero y la Policía
Durante la diligencia de recuperación de los predios conocidos como “El Carlista” y “La Salle”, Felipe Harman denunció abiertamente la supuesta complicidad de actores institucionales del municipio. “Una vez más nos hemos encontrado con el poder local cuidando la ilegalidad de este tipo de acciones”, declaró el director.
Según Harman, el personero municipal fue notificado sobre la diligencia y, en lugar de colaborar, habría utilizado esa información para presentar una acción popular. “Es el mismo personero el que usa esos elementos para interponer una acción popular, que sospechosamente es que eso será motivo de investigación. La juez municipal del municipio de Puerto Salgar adquiere la medida cautelar. Ambas cosas van a ser investigadas”, afirmó.
Además, denunció que miembros de la Policía habrían bloqueado el ingreso a las veredas afectadas, impidiendo que el equipo de la ANT llegara al lugar por medios convencionales. “Nos tocó irnos a pie porque además también el teniente coronel en curso, que está al frente de esta diligencia, niega de forma vehemente la capacidad y la autoridad de la diligencia administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras para hacer la aprehensión”, añadió Harman.
José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como “El Mexicano”, fue uno de los capos más temidos del Cartel de Medellín. Su rol dentro de la estructura criminal lo llevó a ser señalado como el “ministro de guerra” del grupo, liderando acciones violentas y operativos armados, incluidos los dirigidos al exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica. Rodríguez Gacha murió en 1989 durante un operativo policial en Coveñas, Sucre.
Los predios objeto del operativo de recuperación fueron parte del emporio ilegal que “Gacha” amasó durante su carrera criminal. Hoy, el Gobierno busca convertir esas tierras en bienes productivos para comunidades campesinas, como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz, que contempla la reforma rural integral y la redistribución de tierras incautadas al narcotráfico y al crimen organizado.
“Este Gobierno cambió”: el mensaje del director de la ANT
En medio del bloqueo, Harman destacó la persistencia del equipo que lidera el proceso de aprehensión administrativa: “Nos vinimos por el camino de trocha y aquí estamos en el predio. Hacemos en este ejercicio responsable a la Policía Nacional que de forma clara brinde las garantías y el acompañamiento a la autoridad de tierras, que es la ANT para practicar estas diligencias y al poder local que permanentemente ha sido útil y servil a este tipo de estructuras que se apropian ilegalmente las tierras en Colombia”.
El funcionario concluyó con un mensaje firme: “Tienen que saber que este Gobierno cambió y que esta tierra va para los campesinos de Colombia. Entonces aquí seguimos y no vamos a parar, aunque nos toque caminar lo que nos toque caminar para terminar esta diligencia de aprehensión”.
El caso de Puerto Salgar podría ser emblemático en la lucha del Estado por recuperar bienes del narcotráfico y garantizar su aprovechamiento social, también revela las tensiones entre el Gobierno nacional y autoridades locales que, según lo dicho por el Ejecutivo, han actuado para perpetuar la ocupación ilegal de predios en manos de estructuras criminales o particulares favorecidos. Ahora, será la Fiscalía la encargada de determinar si hubo o no conductas ilícitas por parte de los funcionarios señalados.