La polémica se encendió luego de un acto público en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro sorprendió al pedir la presencia de la Fiscalía General de la Nación en la cárcel de Itagüí para explorar posibles beneficios judiciales a jefes criminales del Valle de Aburrá, a cambio de que abandonen por completo las armas y el delito. La senadora María Fernanda Cabal reaccionó y cuestionó la legitimidad de esa propuesta.
Durante la intervención del jefe de Estado en La Alpujarra, y acompañado por funcionarios y representantes del proceso de “paz urbana”, Petro lanzó un mensaje directo: solicitó que la fiscal General, Luz Adriana Camargo, lo acompañara en una visita a la prisión donde están recluidos los líderes de organizaciones delincuenciales, con el fin de evaluar alternativas jurídicas en el marco del desarme.
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También apuntó contra los fiscales locales, a quienes acusó de actuar con sesgos políticos: “Aquí no hay fiscales independientes en Medellín”.
La escena que generó una de las mayores controversias fue la aparición pública de cabecillas de bandas criminales, ubicados en la primera fila del evento y escoltados por agentes del Inpec. La imagen provocó críticas no solo por la presencia de estos personajes en un acto oficial, sino por lo que algunos interpretaron como una forma de validación institucional.
La propuesta del presidente incluyó condiciones específicas: cesar por completo el asesinato, la extorsión, el narcotráfico y cualquier forma de financiación ilícita. También mencionó que, de ser necesario, recurriría a la “presión popular” para forzar modificaciones legales que permitan facilitar beneficios judiciales a los implicados.
El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, fue uno de los primeros en pronunciarse. Calificó el hecho como “una amenaza directa” y expresó su rechazo a lo que considera una política de concesiones. “Premia a quienes combatimos”, dijo, refiriéndose al gesto del Gobierno hacia los cabecillas.
Senadora Cabal cuestiona el rol del Estado frente a cabecillas criminales
Desde el Congreso, la senadora Cabal publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, en la que expresó su ‘repudio’ frente a lo ocurrido en la capital antioqueña.
“Los aliados de un Gobierno que solo produce vergüenza. En un país donde el Gobierno prefiere pactar con criminales en lugar de proteger a los ciudadanos, el único camino digno es decir la verdad sin temor”, escribió la congresista del Centro Democrático.
A su juicio, lo que está ocurriendo es una distorsión profunda del concepto de paz: “Hoy, Colombia es testigo de un Estado que ha confundido el concepto de paz con el de rendición. Mientras la mayoría de los colombianos se esfuerza cada día por salir adelante, el gobierno se sienta a negociar con los responsables del dolor, el secuestro, el asesinato y el narcotráfico. ¿A cambio de qué? De promesas vacías que nunca se cumplen”.
En su mensaje, Cabal también rechazó que el Gobierno mantenga diálogos con grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC, a quienes se refirió como “terroristas”. Para ella, tales negociaciones no conducen a la paz, por el contrario, abren paso a nuevas expresiones de violencia.
“Lo he dicho con claridad y sin ambigüedades: la paz no se negocia, se impone con la fuerza legítima del Estado. Las negociaciones con grupos terroristas como las FARC y el ELN han sido un fracaso rotundo. Lejos de traer paz, han incubado nuevas violencias, nuevas disidencias, y han fortalecido al narcotráfico, el verdadero combustible de todas las guerras en Colombia (sic)”, puntualizó.
Estas declaraciones se suman al debate nacional sobre los límites de la paz total propuesta por el Gobierno. La idea de conceder beneficios judiciales a criminales bajo el compromiso del cese de hostilidades no es nueva, pero sí ha ganado nuevas capas de controversia por la forma como fue ejecutada y comunicada.