Durante su intervención en la Convención Bancaria, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo expresó inquietudes sobre la situación fiscal de Colombia, especialmente por los anuncios recientes del Gobierno relacionados con el uso de la cláusula de escape contemplada en la regla fiscal.
De acuerdo con sus declaraciones, la perspectiva para las finanzas públicas del país es delicada y podría tener consecuencias importantes a nivel internacional.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Uno de los temas centrales de su intervención fue el estado actual del déficit fiscal y la intención del Ejecutivo de acudir a esta herramienta para ampliar el margen de gasto. Según Ocampo, si bien esta figura legal es válida dentro del marco de la política fiscal, fue creada con el propósito de ser aplicada en contextos excepcionales. “Es esencial”, afirmó, pero dejó claro que su uso debe responder a condiciones extraordinarias no previstas.
Recordó que en años anteriores, específicamente durante el mandato de Iván Duque, se recurrió a esta cláusula durante tres años consecutivos como respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
“Durante la pandemia se utilizó. En 2021 era justificado, en 2022, continuar usándola es discutible”, comentó el exministro, al hacer un paralelo con la coyuntura actual.
A juicio de Ocampo, el argumento del Gobierno para aplicar nuevamente esta disposición está relacionado con la acumulación de déficits recientes. En su análisis, el comportamiento fiscal de los últimos años ha generado presiones que hoy explican la necesidad de acudir a mecanismos extraordinarios para manejar el gasto público.
“Debido a la acumulación de esos déficits, más los recientes, es que el gobierno está decidiendo usar esa cláusula de escape de la regla fiscal”, señaló.
Sin embargo, considera que esta decisión no es la más adecuada dadas las circunstancias. Desde su punto de vista, el manejo fiscal debería haberse enfocado en implementar los correctivos necesarios sin necesidad de utilizar herramientas excepcionales.
“Es desafortunado e inconveniente. Debieron haber hecho los ajustes fiscales necesarios”, expresó.
En ese contexto, Ocampo también se refirió a las implicaciones que podría tener esta política en la percepción internacional sobre la economía colombiana. En particular, advirtió que el país podría estar en riesgo de perder el grado de inversión que aún mantiene con la agencia calificadora Moody’s, la única entre las más reconocidas que no ha degradado su calificación para Colombia. “La posibilidad de que Moody’s le quite a Colombia la calificación de grado de inversión es muy alta”, manifestó.
Actualmente, Colombia ya no cuenta con esta categoría por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor’s. Esta situación ha encarecido el acceso al crédito en los mercados internacionales, lo que representa un reto para financiar programas públicos y proyectos de inversión.
Según Ocampo, el país ya está sintiendo los efectos de esas decisiones: “Ya hay varios elementos negativos: la deuda va a alcanzar el nivel más alto de la historia como porcentaje del PIB. Eso ya se refleja en el costo del endeudamiento”.
El deterioro en la posición fiscal se refleja en las cifras del Plan Financiero para 2025, que evidencian un aumento del déficit respecto a lo inicialmente proyectado. Aunque el Gobierno aún debe presentar formalmente su solicitud ante el Consejo de Política Fiscal (Confis) para activar la cláusula de escape, los anuncios recientes sugieren que esta será la vía elegida para enfrentar las dificultades presupuestales.
Ocampo también recordó que las agencias de calificación internacional no solo analizan las cifras del déficit o el nivel de endeudamiento, sino también la credibilidad en las políticas fiscales. Por ello, subrayó la importancia de enviar señales claras de responsabilidad fiscal, especialmente en momentos de alta incertidumbre económica global.
Aunque no ofreció un pronóstico sobre la decisión que podría tomar Moody’s, sus declaraciones apuntan a que, de mantenerse el rumbo actual, la agencia podría considerar un ajuste en la calificación soberana de Colombia. Esto tendría efectos inmediatos en la percepción de riesgo del país y, en consecuencia, en las tasas de interés que enfrenta al buscar financiamiento.
En este escenario, las declaraciones de Ocampo se suman a las preocupaciones expresadas por analistas económicos y gremios, quienes han advertido sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para cumplir sus metas sin desbordar el marco fiscal. El uso de la cláusula de escape, aunque legal, podría ser interpretado como una señal de debilitamiento institucional en materia de disciplina fiscal.
Por ahora, se espera la decisión oficial del Confis y una eventual comunicación del Ministerio de Hacienda sobre los pasos a seguir. Entretanto, persisten las dudas en el sector financiero sobre cómo se manejará el déficit sin comprometer el acceso a recursos internacionales ni deteriorar más la posición fiscal del país.