El 14 de mayo de 2025, la plenaria del Senado de la República dijo “no” a la consulta popular del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. Con la propuesta, el mandatario espera que la reforma laboral oficialista sea implementada en el país, sin que nada en ella sea modificado, por lo menos, aquello que está plasmado en las 12 preguntas que figuran en la consulta.
Pese a que 49 senadores rechazaron la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana, el jefe de Estado anunció que expedirá un decreto para consultar a la ciudadanía. Sustenta su decisión en una supuesta falta de pronunciamiento del Senado sobre la iniciativa y en un presunto fraude en el proceso de votación, que derivó en su hundimiento.
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La expedición del decreto ha sido calificada como una afrenta al Congreso de la República, puesto que se está desconociendo su determinación sobre la consulta popular. Desde varios sectores han denunciado lo mismo, advirtiendo un presunto abuso de poder por parte del presidente.
A la ola de pronunciamientos al respecto se unió el presidente de la Asociación Bancaria (Asobancaria), Jonathan Malagón, que en una rueda de prensa confirmó que comparte la misma posición del Consejo Gremial Nacional sobre la intención del Gobierno de decretar la consulta. “Llegamos a un pronunciamiento unificado y un pronunciamiento que es respetuoso de las instituciones”, dijo el funcionario.
Según explicó, “el Gobierno está facultado” para presentar decretos, si así lo considera conveniente. No obstante, será la Corte Constitucional la que determine si esas decisiones son viables o no.
“En caso de que no los tengan, está el camino congresional para darle trámite, y en caso de que los tengan y de que la Corte determine tal cosa, estaremos entonces listos y prestos a lo que nuestras instituciones y nuestra democracia entienda como el correcto proceder ante este tipo de inquietudes”, detalló.
Consejo Gremial rechazó consulta popular por decreto
El Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a los gremios más representativos del sector económico de Colombia, rechazó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria por decreto de la consulta popular.
Por medio de un comunicado, la organización afirmó que la decisión del mandatario es inconstitucional y contraria a la institucionalidad del país. “El anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad, representando una grave afectación al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política. El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República”, se lee en el texto.
El Consejo recordó que la Sección Quinta del Consejo de Estado y que el artículo 379 de la Constitución establecen que las reformas a las leyes estatutarias deben ser tramitadas en el Congreso y no pueden realizarse por decreto presidencial. Además, explicó que las consultas populares nacionales deben contar con el apoyo de al menos el 10% del censo electoral, lo que representa la participación de casi 5 millones de ciudadanos e implica una alta inversión de recursos públicos.
En respuesta a las declaraciones del CGN, el jefe de Estado señaló a la organización de haber ejercido presión sobre una parte del Congreso para que se impidiera el éxito de su reforma laboral. Asimismo, insistió en que el poder recae sobre la población, a la que busca consultar para que el proyecto sea implementado.
“El Consejo Nacional Gremial ha desatado la actual coyuntura al ‘presionar’ a los senadores de la comisión VII de senado a no discutir la reforma laboral aprobada en Cámara de Representantes. El Consejo Nacional Gremial en pleno neoesclavismo anacrónico debe aceptar que el pueblo existe y que es el poder en Colombia, según la constitución de 1991 a la que el consejo gremial debe respetar (sic)”, escribió.