Mientras las cifras macroeconómicas intentan estabilizarse y los empresarios hacen malabares para mantener la operación a flote, una nueva amenaza vuelve a poner en jaque al país, el posible paro de camioneros anunciado para el 16 de junio por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). El cese de actividades, aunque inicialmente se concentraría en Nariño, Cauca e Ipiales, podría escalar y generar un impacto nacional en la cadena de abastecimiento.
El anuncio no cayó bien en el sector empresarial, especialmente en el gremio de transporte de carga. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar (Corporación Colombiana del Transporte de Carga), fue clara y directa al explicar que, “la economía en general está muy golpeada para aguantar otro paro camionero”. La advertencia reflejó una preocupación extendida entre quienes dependen del flujo constante de mercancías para sostener la producción.
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Y es que el transporte de carga no es solo un componente logístico, es un nervio vital de la economía colombiana. Cualquier alteración se siente en las góndolas de los supermercados, en los inventarios de las fábricas, en el precio final al consumidor. “No está fácil el panorama, de hecho está angustiante y un paro nos mata a todos”, agregó Hernández, aludiendo a una mezcla peligrosa de inseguridad en carreteras, sobrerregulación estatal y exigencias fiscales que estarían asfixiando al sector.
Entre las quejas que justifican la convocatoria al paro están el incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno Petro en julio de 2024, así como problemáticas locales que los voceros de la ACC califican de insostenibles. Alfonso Medrano, su representante, lo dijo sin rodeos, no aceptarán “palabritas”, sino “realidades”. En su denuncia se incluyen situaciones críticas como el deterioro de las vías (Pasto-Tumaco, Popayán-Cali, entre otras), los frecuentes derrumbes que interrumpen el paso y una estructura de peajes que, según ellos, no retribuye con mejoras viales.
A eso se suma la inestabilidad en zonas clave de la vía Panamericana y la incertidumbre que generó la posible reapertura de la frontera al transporte internacional, vista por muchos como una amenaza a la competitividad de los conductores nacionales. “El sur del país no aguanta más”, afirman desde la ACC, al insistir en que su protesta responde a un hartazgo acumulado.
Aunque desde el Ministerio de Transporte ya se convocó una mesa de diálogo con presencia de Defensa y autoridades locales, el riesgo de que el paro se materialice sigue latente. En juego no solo está la movilidad en el suroccidente del país, también la estabilidad de todo un ecosistema económico que necesita liquidez para operar. Hernández explicó que las empresas deben anticipar el 70% del flete al momento del despacho y cubrir el resto a los cinco días, mientras los generadores de carga pagan hasta 60 días después. En ese desbalance, la falta de flujo de caja puede ser letal.
El escenario es preocupante. Y aunque las cifras de recuperación en otros sectores dan un respiro moderado, una parálisis en el transporte sería un golpe profundo en un país que aún no logra encarrilar del todo su economía. El palo, por ahora, definitivamente no está para cucharas.
El paro anunciado por los camioneros amenaza la logística del suroccidente colombiano, a la vez que podría desencadenar efectos en cadena en sectores como el agro, la industria manufacturera y el comercio minorista. Las demoras en el transporte generan sobrecostos, encarecen productos básicos y distorsionan la oferta en mercados regionales.
Además, en un contexto de bajo crecimiento y alta informalidad, cualquier interrupción prolongada afecta la confianza empresarial y retrasa inversiones. El riesgo no está solo en el paro, sino en la señal que envía, un sistema institucional que no logra cumplir acuerdos, ni anticiparse a las crisis. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas no serán solo logísticas, también fiscales y reputacionales para un Estado que ya lidia con múltiples frentes.