El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025. La nueva norma reemplaza varios artículos del Decreto 1625 de 2016, específicamente aquellos relacionados con las tarifas de autorretención y las bases mínimas para la retención en la fuente del impuesto de renta. Las modificaciones buscan ajustar las disposiciones fiscales a las necesidades actuales del sistema tributario.
Entre los cambios más destacados, el decreto establece una nueva estructura para las tarifas de autorretenedores. De acuerdo con el artículo 1.2.6.6. del Decreto 1625 de 2016, se introdujo un listado actualizado que clasifica las tarifas según la actividad económica de los contribuyentes. El ajuste incluye una tarifa de retención del 2,5%, aplicable a los autorretenedores que se encuentren dentro de las categorías especificadas en el nuevo listado.
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Por supuesto, la medida ya generó polémica en el país. Expertos señalan que es una reforma tributaria escondida. Por ejemplo, el excontralor Felipe Córdoba dijo que, sin duda alguna, el reciente decreto es una bofetada a los colombianos. Según sostuvo, “el Estado está endeudado y en lugar de ajustar el bolsillo con su gasto, el presidente prefiere seguirle metiendo la mano al bolsillo de la clase trabajadora”.
Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, mostró su desacuerdo y recordó que, usualmente, las retenciones en la fuente se ajustan como resultado de una reforma tributaria que eleva los impuestos.
Frente a ello, advirtió que “el Decreto 0572 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda, que aumenta de manera importante las retenciones, ocurre sin que haya habido un aumento de impuestos”. Y criticó que “no se entiende su justificación jurídica, ni económica, más allá de un afán de caja en 2025 a costa de las finanzas públicas de 2026”.
Qué cambia con el decreto 0572 de 2025
Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por medio de X, hizo un riguroso análisis sobre lo que cambia con el decreto, exactamente, el impacto de la medida que eleva tarifas y reduce los umbrales para aplicar retenciones.
Primero, recordó que el decreto aumenta las tarifas de autorretención, disminuye el umbral para aplicar retención por compras (de 27 unidades de valor tributario o UVT, equivalente a $1.244.573, a 10 UVT, equivalente a $497.990) y por servicios (de 4 UVT, equivalentes a $199.196, a 2 UVT, equivalentes a $99.598).
De acuerdo con el Observatorio, esto implica un golpe que afecta el flujo de caja de personas y empresas: “Muchas personas terminarían pagando más de lo que deben”, apuntó. Y remarcó que, luego, “deben iniciar trámites complejos para recuperar esos saldos o, por miedo o desconfianza, prefieren no pedir devolución y el Estado se queda con plata que no le corresponde (todavía)”.
A quiénes a afecta la modificación en la retención en la fuente
Asimismo, señaló que el adelanto de impuestos puede ser regresivo. Insistió en que afecta más a quienes tienen menos capacidad de respuesta frente al sistema tributario, es decir, personas naturales o pequeños negocios que no pueden asumir con facilidad esa presión financiera.
El otro asunto que hay que se debe tener en cuenta son las obras por impuestos. Esto, debido a que al adelantar tanto el recaudo, muchas empresas no tendrán saldos para acogerse al mecanismo. Así las cosas, se frena la ejecución de obras sociales como colegios, vías o dotaciones para comunidades vulnerables.
Cuánto recaudará el Gobierno
Puntualizó que “el objetivo del Gobierno es claro: cuadrar caja en 2025, cuando hay un hueco fiscal de más de $40 billones. Esta medida busca recaudar $6,5 billones por adelantado, según el Ministerio de Hacienda”, pero advirtió que la pregunta que hay que hacerse al respecto es ¿a qué costo?.
Añadió que la presión fiscal pone en riesgo la inversión y los pagos empresariales, y puede frenar la recuperación económica en un contexto ya debilitado. Sugirió que la estabilidad fiscal no debe lograrse a costa del crecimiento y la equidad.
“Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hacemos un llamado a revisar el impacto de este decreto, especialmente, sobre quienes tienen menos margen de maniobra. Los impuestos deben ser justos, progresivos y sostenibles”, finalizó.