En un importante golpe contra el comercio ilegal de medicamentos, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 22.479 unidades de medicamentos que estaban siendo distribuidos de manera irregular en droguerías ubicadas en el centro de Barranquilla.
La acción operativa se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en el sector céntrico de la ciudad, donde fueron hallados medicamentos con marcación de “uso institucional”, lo que indica que su distribución está restringida exclusivamente a entidades del sector salud como hospitales y clínicas. El valor estimado de los productos decomisados supera los $165.300.000.
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De acuerdo con las autoridades, los productos incautados estaban destinados al mercado negro, donde son vendidos sin ningún tipo de control sanitario, exponiendo a los consumidores a graves riesgos para la salud. Además del peligro que representan estos medicamentos adulterados, vencidos o falsificados, su circulación también interfiere con la adecuada prestación de servicios médicos en instituciones oficiales, al desviar productos que deberían estar disponibles en contextos clínicos regulados.
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“El tráfico ilegal de medicamentos es un fenómeno creciente en Colombia. En ciudades como Barranquilla, estructuras criminales se aprovechan de vacíos en el sistema para distribuir productos sin controles sanitarios, afectando la seguridad de los pacientes y la trazabilidad de los tratamientos”, indicaron fuentes de la Policía Fiscal y Aduanera.
El contrabando de medicamentos, según reportes recientes, ha venido en aumento en el país. Las estructuras delincuenciales identifican oportunidades dentro de las falencias del sistema de distribución farmacéutica para insertar en el comercio productos que no cumplen con las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos.
Detrás de una red de distribución ilegal de medicamentos
Durante el operativo también se recolectaron importantes elementos materiales probatorios que serán analizados por la Fiscalía para identificar a los responsables de esta red de distribución ilegal. Las autoridades esperan que este decomiso tenga un efecto disuasorio sobre quienes pretenden lucrarse a través de la comercialización de medicamentos sin autorización.
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“La incautación de estos medicamentos representa un golpe significativo a las redes de contrabando y reafirma el compromiso de las autoridades con la protección de la salud pública”, añadieron desde la Polfa, subrayando la trascendencia del trabajo coordinado entre instituciones.
Por su parte, desde la Fiscalía Generalo de la Nación destacaron: “seguiremos trabajando de manera coordinada para erradicar el comercio ilegal de medicamentos, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la economía formal del país”.
Llamado de las autoridades por riesgo a la salud pública
Como parte de la estrategia para enfrentar este flagelo, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad en la venta de medicamentos. Para ello, han dispuesto varios canales de comunicación: la línea anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 3213942169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.
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La Policía también aclaró que, para tranquilidad de los ciudadanos, se garantizará la reserva absoluta de toda la información suministrada por quienes denuncien hechos simlares.
Cabe recordar que este tipo de operativos no solo busca frenar el comercio ilegal, sino también concientizar a la población sobre los riesgos del consumo de medicamentos adquiridos fuera de los canales autorizados. La Policía y la Fiscalía insisten en que continuarán trabajando conjuntamente para garantizar que los medicamentos lleguen a quienes realmente los necesitan, en condiciones seguras y legales.
Con este operativo en Barranquilla, las autoridades esperan seguir cerrando el cerco sobre las redes criminales dedicadas al contrabando de productos farmacéuticos, y enviar un mensaje claro: la salud pública no puede estar al servicio del lucro ilegal.
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