El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá sentarse a dialogar con los campesinos del Suroeste antioqueño, luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la creación de una mesa de concertación para tratar la declaratoria de una reserva ambiental que ha generado controversia en la región del suroeste antioqueño.
La información compartida oficialmente por el ente de control indicó que la medida, que se emitió el 22 de febrero del 2025, implica proteger 37.365 hectáreas de bosques y fuentes hídricas en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, donde quedaría prohibida la actividad minera.
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En ese sentido, para la institución será pertinente que se disponga de un espacio de concertación en el que participen no solo los campesinos, sino también la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otros actores clave del territorio; incluso, la misma Procuraduría.
“Las observaciones del ente de control —enfocadas en el principio de precaución, las situaciones jurídicas consolidadas, la interpretación de la sentencia sobre ventanilla minera y la aplicación del artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974— fueron recibidas en el marco del proceso de consulta pública y resultaron fundamentales para enriquecer el análisis técnico y jurídico del proyecto“, comunicó la entidad.
La ahora exministra de Ambiente, Susana Muhamad, había explicado que el propósito de esta reserva es “proteger el agua y las cuencas abastecedoras” de los municipios involucrados, así como fortalecer la vocación agrícola y ambiental de la región, como citó el medio antioqueño El Colombiano.
En su momento, Muhamad consideró la importancia ecológica de la zona. Dijo que “esta reserva temporal ocuparía 37 mil hectáreas y ¿qué es lo que pretende proteger? Un recurso fundamental, el bosque seco tropical que está adherente al río Cauca, pero que además depende del agua subterránea y siete cuencas abastecedoras“.
Pero además, la exministra citó un estudio de la Universidad de Antioquia, que analizó que “de esta agua subterránea, hoy, de acuerdo con estudios de la Universidad de Antioquia, dependen 10.000 habitantes rurales de toda esta área, que tiene 50% de su suelo como vocación forestal y 30% de su suelo como vocación agrícola”.
Aun así, la solicitud que hizo la Procuraduría fue una respuesta que pudo tomarse tardía por parte de las autoridades locales, en medio de una controversia entre ambas partes por el uso de los territorios que ahora constituyen la nueva reserva.
Muhamad, junto con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, había chocado anteriormente con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y varios alcaldes de la región por la iniciativa de crear Áreas de Protección Para la Producción de Alimentos (Appa).
Como recordó el medio antioqueño, los gobiernos locales han visto estos planes como una intromisión del Gobierno central en la regulación del uso del suelo, sin un proceso adecuado de consulta con las comunidades campesinas.
De hecho, el gobernador Rendón llevó el tema a los tribunales, impugnando la resolución que estableció los polígonos para las Appa, al considerar que la norma es “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”.
“Es así que, en concordancia con lo planteado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, y reconociendo la importancia de garantizar una participación de los actores territoriales, el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, se comprometió a diseñar un espacio de diálogo que contará con la participación de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, el ente de control, entre otros actores clave del territorio”, se leyó en el documento de la Procuraduría.
No obstante, se conoció que las partes han mostrado disposición en negociar, aunque no han llegado a un punto decisivo.
“Este nuevo espacio de diálogo se sumará a los ya desarrollados para asegurar, tal como lo requirió el Ministerio Público, un proceso de construcción colectiva, participativa y transparente en torno a la declaratoria de la zona de reserva”, concluyó la Procuraduría.