El presidente Gustavo Petro lideró la firma del contrato de concesión de la Asociación Público-Privada (APP) férrea del corredor La Dorada-Chiriguaná en La Dorada, Caldas, el 30 de abril de 2025, por medio del cual se busca la reactivación del sistema ferroviario nacional. El tren conectará 25 municipios en Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.
En su intervención en el evento, el primer mandatario aseguró que el banquero y expresidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, debe regresar un dinero a la población colombiana. “Carlos Sarmiento Angulo debe devolvernos los $2 billones que le pertenecen al pueblo colombiano. Y los demás también. Y cuando se cumpla la obra, giramos. No tenemos ningún problema en hacerlo. Y estos son los problemas que hemos tenido en la construcción de nuestra movilidad nacional”, indicó el jefe de Estado.
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Estos recursos corresponderían a un megaproyecto vial: la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero. De acuerdo con el jefe de Estado, el dinero está guardado en una fiducia, generando rendimientos, mientras que el proyecto no avanza, pese a que el contrato fue adjudicado hace una década, según informó la revista Cambio.
No obstante, según el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, el empresario y banquero en realidad no debe esos billonarios recursos al Estado colombiano. Pues, la cuenta está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Gobierno puede decidir sobre el uso que se debe dar al dinero.
“En el caso de Mulaló–Loboguerrero, el Gobierno nacional bien puede llegar a un acuerdo con el concesionario para garantizar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación. Sobre el particular, no es cierto que el concesionario le deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos”, precisó en su momento en su cuenta de X.
De igual manera, explicó que los recursos públicos que son girados a las fiducias tienen como fin pagar las obras que ya fueron entregadas al Estado. En consecuencia, según detalló, las obras que están paralizadas responden a la falta de decisión en instancias del Gobierno nacional.
Además, aclaró que los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados y, por lo tanto, no pueden ser utilizados para otros fines, como pretende el Gobierno Petro, con la exigencia de la devolución de los mismos. De hecho, recordó que el mecanismo de vigencias futuras está siendo utilizado en el proyecto férreo de La Dorada-Chiriguaná, cuya firma del contrato de concesión fue liderada por el jefe de Estado el 30 de abril.
El proyecto férreo de La Dorada-Chiriguaná y sus “problemas”
Además de pedir la devolución del dinero a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el presidente se refirió al corredor que conectará los 25 municipios, afirmando que tiene dos problemas que deberían ser resueltos: el uso de diesel para la movilidad del tren y el hecho de que el contrato solo contempla el transporte de carga.
Según el primer mandatario, es necesario trabajar para que este transporte también puede ser utilizado por la ciudadanía. “Los invito a que empecemos a organizar los comités municipales de la línea férrea para presionar para que esta línea férrea no solamente lleve carga, sino que lleve personas, pasajeros”, precisó.
Desde su perspectiva, la ANI se equivocó al tramitar el proyecto sin la inclusión de pasajeros y sin que se verificara que el transporte estaría basado en la energía eléctrica y no en combustibles fósiles.
Ahora bien, según la Presidencia, el corredor tiene una longitud de 526 kilómetros y se espera que con la implementación de la APP se mejoren sus especificaciones técnicas y se aumente su velocidad. Además, se contempla la construcción de infraestructura logística para la integración intermodal y el establecimiento de centros de mantenimiento.
“Con la estructuración y adjudicación del proyecto se garantiza la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y logística, bajo un modelo de asociación público-privada de largo plazo. Todo esto con el fin de mejorar la competitividad, fortalecer el comercio exterior y reducir los costos de transporte en el país”, precisó.