Según el director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, las preguntas planteadas en la consulta popular promovida por el Gobierno Petro podrían generar consecuencias para el empleo formal.
En una entrevista con El Tiempo, Luis Fernando Mejía afirmó que si las propuestas se materializan, el país perdería alrededor de 451.000 empleos formales.
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“Las preguntas que ha publicado el Gobierno van en la misma línea de la laboral que había propuesto anteriormente y que fue hundida en dos ocasiones por el Congreso. Como el espíritu es exactamente el mismo, las consecuencias serían iguales. En particular, vemos que se enfocan en aumentar el costo del empleo formal y, por ende, el efecto inmediato será un aumento de la informalidad de 2 puntos porcentuales y una pérdida de unos 451.000 empleos”, indicó Mejía al citado medio.
El economista advirtió que el aumento de los costos laborales propuesto en la consulta popular sería un factor clave en la pérdida de empleo.
Señaló que el impacto más inmediato de las propuestas sería un incremento en la informalidad laboral, que ya alcanza el 57% en Colombia, lo que podría traducirse en más trabajadores en condiciones precarias.
Según Mejía, “se dejan de lado los costos asociados a la formalidad laboral”, lo que agrava aún más la situación del empleo en el país.
Mejía explicó que las pequeñas empresas, que son las más vulnerables a estos cambios, verían un aumento en los costos de la nómina.
“Para un microestablecimiento comercial estimamos que el aumento del costo mensual de la nómina sería del 10%, lo que generaría un impacto sustancial, pues estas pequeñas empresas tienen márgenes pequeños de entre 2 y 3 por ciento. Sería un choque muy negativo que generaría desincentivos a la generación del empleo formal”, aseguró a El Tiempo.
Otro punto de preocupación señalado por Mejía fue la pregunta relacionada con la remuneración de los aprendices del Sena. Aunque el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jóvenes aprendices es loable, Mejía advirtió que podría tener efectos negativos en el empleo formal.
“Con esta medida, que tiene un objetivo loable, que es aumentar la remuneración de los aprendices, se generaría el incentivo completamente contrario y las pequeñas o medianas empresas que estén en el margen de decidir si volverse formales o mantenerse en la informalidad, al ver que, cuando son formales, deben cumplir con regulaciones de este estilo y contratar aprendices a un costo similar al de un empleado de salario mínimo, tendrían menores incentivos”, explicó al citado medio.
En cuanto a la pregunta que busca implementar tasas preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas asociativas, Mejía señaló que ya existen políticas públicas actuales que promueven estos incentivos.
“En algunos elementos de la política pública ya existen medidas de este estilo, por lo que no debería ser parte de las 12 preguntas de la consulta. El Gobierno nacional, a través de la política pública, puede cambiar ese mecanismo de incentivos y tratamiento preferencial a través de la banca de segundo piso. Por ejemplo, de Bancóldex o Findeter”.
Sin embargo, agregó al citado medio que “es una medida que luce razonable y hay que mirarla en detalle, pero no creo que debería ser parte de esta consulta”.
Según el director de Fedesarrollo, lo que realmente necesita el país es un debate más profundo sobre las reformas laborales en el Congreso.
En lugar de intentar resolver estos problemas a través de una consulta popular, Mejía aboga por una reforma integral que no solo se enfoque en aumentar los costos laborales, sino que también elimine las barreras al empleo formal y cree incentivos para la generación de empleos de calidad.
“El espíritu debería ser distinto, porque cuando uno lee las preguntas, están alineadas con la propuesta original del Gobierno que pretendía aumentar el costo del empleo formal”, afirmó el director de Fedesarrollo a El Tiempo.
Mejía también destacó la importancia de políticas públicas que apunten a la mejora de la formación y la capacitación laboral. Además, propuso que se repensara el sistema de cotización de seguridad social, que actualmente presenta una alta carga para los trabajadores independientes.