El senador Iván Cepeda denunció que Ramiro de Jesús Henao, alias Simón o Fantasma, testigo clave en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaría liderando una estructura criminal del Clan del Golfo en el oriente antioqueño.
Esta organización, según informaciones recopiladas por la bancada de víctimas, rendiría homenaje a los antiguos jefes del Bloque Metro, un grupo paramilitar vinculado a masacres y desplazamientos en la región.
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Cepeda, quien hace parte de la bancada de víctimas en el proceso judicial contra Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, informó que alias Simón estaría en libertad condicional desde 2023 y habría retomado actividades criminales.
Según revelaciones de medios como Señal Investigativa y la Revista Raya, Henao Aguilar participaría en la conformación del Frente Carlos Mauricio García, una estructura del Clan del Golfo creada para imponer control criminal en municipios del Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio.
Esta estructura lleva el nombre en honor a alias Rodrigo Doble Cero, fundador del Bloque Metro, y cuenta con subestructuras como la comandada por Jorge Iván Arboleda Garcés, alias Arboleda.
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Además, en el organigrama de la organización aparece Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, quien habría fungido como tercer cabecilla hasta su muerte en un operativo policial en septiembre de 2024. Estos hallazgos fueron compartidos por Cepeda a la fiscal general Luz Adriana Camargo el 6 de marzo pasado.
“Es gravísimo que la defensa del señor Uribe traiga como testigos a personas que están vinculadas activamente con grupos criminales. Esto no solo compromete la credibilidad del testigo, sino que muestra una preocupante continuidad del paramilitarismo en la región”, declaró Cepeda.
En medio del complejo proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista Iván Cepeda, el testimonio de Ramiro Henao, conocido como alias Simón, ha emergido como un elemento crucial.
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Henao, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró ante la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro, una estructura paramilitar activa en Antioquia durante los años 90.
Alias Simón se sumó a otros exparamilitares, como Gabriel Muñoz, alias Castañeda y Juan Guillermo Monsalve, quienes vincularon a Uribe y a su entorno con actividades paramilitares.
Sin embargo, las declaraciones de Henao adquirieron especial relevancia cuando el expresidente alegó que él y Muñoz habían sido sobornados para declarar en su contra, lo que desató una investigación por presunta manipulación de testigos.
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En 2018, la Corte Suprema determinó que no existían pruebas de que Cepeda hubiera fabricado testimonios falsos, validando las declaraciones de Henao y Muñoz. Esta decisión impulsó la investigación contra Uribe y allanó el camino para la apertura formal del proceso en 2019, luego de que los magistrados encontraran indicios de amenazas y presiones sobre testigos.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia ya había compulsado copias contra alias Simón por presunto falso testimonio en favor de Uribe. Sin embargo, la defensa del expresidente lo presentó nuevamente como testigo en el juicio oral, a pesar de los señalamientos sobre su rol como cabecilla criminal.
El senador también puso en conocimiento estos hechos a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mediante una comunicación enviada el pasado 6 de marzo.
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Cepeda aseguró que continuará impulsando las investigaciones para esclarecer los vínculos entre los testigos de la defensa de Uribe y las estructuras paramilitares que, según testimonios previos, habrían operado en la Hacienda Guacharacas.
La bancada de víctimas, representada por figuras como Iván Cepeda Castro, Eduardo Montealegre Lynett, Deyanira Gómez Sarmiento, Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel Del Río Malo y Juan David León Quiroga, ha reiterado la necesidad de investigar a fondo las actividades de alias Simón y su relación con el caso Uribe.
Según el comunicado, estos hechos no solo afectan el desarrollo del proceso judicial, sino que también tienen implicaciones graves para la seguridad y el orden público en el oriente antioqueño.
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