La expersonera de Tamalameque (Cesar) Yennis Salazar Zabaleta fue secuestrada el viernes 21 de febrero por individuos que se desplazaban en un vehículo. Junto a ella fueron retenidos Andrés Urueta y José Antonio Ardila, un ingeniero agrónomo.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron interceptadas por un grupo de delincuentes que se movilizaba en un carro mientras se desplazaba en un vehículo entre los corregimientos de Las Vegas y Saloa, en el municipio de Chimichagua.
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Los secuestradores obligaron a los ocupantes a descender del vehículo y los llevaron a un destino desconocido.
Horas después, el vehículo en el que se transportaban fue hallado completamente incinerado, lo que incrementó la preocupación por la integridad de los secuestrados.
La zona donde ocurrió el secuestro es conocida por la presencia de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.
Ante la gravedad de la situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, anunció una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quienes puedan aportar información que permita dar con el paradero de las tres personas secuestradas.
En un comunicado oficial, Sanjuan expresó que se han establecido contactos directos con la fuerza pública para coordinar acciones urgentes y garantizar una respuesta rápida. “Estamos al frente de los actos urgentes, para los que pedimos celeridad. Hacemos seguimiento al desarrollo de esta información”, afirmó la mandataria.
Además, se llevó a cabo un consejo de seguridad en Valledupar, donde participaron autoridades civiles, militares y de Policía. Durante la reunión, se discutieron estrategias para intensificar los operativos de búsqueda y prevenir futuros incidentes similares en el departamento.
La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y denunciar cualquier información relevante.
El departamento del Cesar ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por el flagelo del secuestro en Colombia. La presencia de grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo ha generado un clima de inseguridad que dificulta las labores de las autoridades. Según consignó la Gobernación del Cesar, estos grupos suelen operar en zonas rurales y de difícil acceso, lo que representa un desafío adicional para las operaciones de rescate.
En este contexto, la desaparición de Yennis Salazar ha generado una fuerte conmoción, no solo por su condición de exfuncionaria pública, sino también por el impacto que este tipo de hechos tiene en las comunidades locales.
Salazar, quien es oriunda de Tamalameque, desempeñó el cargo de personera en este municipio, ubicado en el sur del departamento, y es conocida por su trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos.
Líder indígena sobrevive a atentado armado en carretera del Valle del Cauca
Un ataque armado contra Alex Lúdico Fernández, líder indígena del Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas en el municipio de Dagua, fue frustrado gracias a la rápida reacción de su esquema de seguridad.
El incidente ocurrió el jueves 20 de febrero en un tramo de la vía que conecta Buenaventura con Cali, en el departamento del Valle del Cauca, según informó la Policía del Departamento del Valle.
De acuerdo con las autoridades, hombres armados salieron al paso del vehículo en el que se desplazaba el líder indígena y abrieron fuego en repetidas ocasiones. A pesar de que el automóvil recibió varios impactos de bala, los escoltas lograron maniobrar para evadir el ataque y garantizar la seguridad de Fernández y los demás ocupantes.
La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, detalló que el líder indígena se dirigió inmediatamente a la estación de policía de Cisneros para reportar el atentado.
“La víctima llegó hasta la estación de policía de Cisneros, quien manifiesta las afectaciones sobre su esquema de seguridad cuando estaba pasando por el corregimiento Juntas. Esta persona es atendida por las unidades policiales, quienes le activan la ruta pertinente para este tipo de atentados”, explicó Rodríguez.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, también se pronunció sobre el caso.
Según un comunicado emitido por la entidad, uno de los escoltas de Fernández se comunicó con la Línea Vida 103 para informar del ataque y coordinar el traslado hacia la estación de policía de Dagua, donde se formalizó la denuncia correspondiente.