La controversia política en Colombia se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro liderara un consejo de ministros transmitido por televisión nacional durante seis horas.
Los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron formalmente un espacio de réplica, argumentando que el mandatario utilizó los canales públicos para realizar una alocución presidencial, lo que considera una violación de las normas establecidas.
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Los directores de ambos partidos, Gabriel Jaime Vallejo, por el Centro Democrático, y Germán Córdoba, por Cambio Radical, enviaron cartas al director de Rtvc, Hollman Morris, el miércoles 5 de febrero.
En dichas misivas, los líderes opositores invocaron el artículo 15 del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), que les otorga el derecho a controvertir las declaraciones del presidente en espacios similares a los utilizados por este. La solicitud busca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determine si los partidos tienen derecho a acceder a este recurso.
El extenso Consejo de Ministros, transmitido el martes 4 de febrero, generó críticas por parte de diversos sectores políticos. Los partidos opositores consideran que la intervención del presidente Petro se asemejó más a un monólogo que a una reunión de gabinete, lo que, a su juicio, constituye un uso indebido de los medios públicos.
Además, señalaron que este tipo de sesiones gubernamentales, por su naturaleza, deben realizarse de manera privada, ya que pueden involucrar información sensible del Estado.
Así mismo, el congresista del Centro Democrático, Jaime Uscátegui, anunció que presentará una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
Según el congresista, el mandatario habría violado la reserva legal de los consejos de ministros al permitir que se divulgaran datos sensibles relacionados con la seguridad nacional. Uscátegui afirmó que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también habría compartido información clasificada durante la transmisión, lo que calificó como una “irresponsabilidad inadmisible”.
Del mismo modo, el Estatuto de Oposición establece que los partidos declarados en oposición tienen derecho a replicar las alocuciones presidenciales en los mismos términos y canales utilizados por el jefe de Estado. En este caso, los partidos opositores buscan que se les otorgue un espacio equivalente al tiempo utilizado por Petro, aunque, algunos congresistas consideran innecesario replicar durante seis horas.
La carta enviada por Germán Córdoba, director de Cambio Radical, subraya este derecho: “Por ser partido declarado en oposición, tenemos el derecho a controvertir la alocución del presidente de la República. Por lo anterior, a razón que este martes cuatro (4) de febrero hubo alocución, haremos uso de ese espacio al que tenemos derecho”. El documento fue remitido a Rtvc, que deberá trasladar la solicitud al CNE para su evaluación.
En medio de las críticas, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, intentó minimizar la controversia al afirmar que la transmisión no fue un consejo de ministros, sino un balance presentado por el presidente Petro.
Buitrago defendió la exposición del mandatario, aunque no abordó directamente las acusaciones sobre la posible violación de la reserva legal.
El siguiente paso en este proceso será la revisión de la solicitud por parte del Consejo Nacional Electoral, que deberá determinar si los partidos opositores tienen derecho a la réplica. Según el Estatuto de Oposición, la réplica debe realizarse en las mismas condiciones que la alocución original, lo que incluye el tiempo y los canales utilizados. Sin embargo, aún no se ha definido tiempo cuánto solicitarán los partidos ni cómo se estructurará su intervención.
Mientras tanto, el debate sobre el uso de los medios públicos para multas políticas sigue abierto. La denuncia presentada por el congresista Uscátegui podría agregar una nueva dimensión al caso, ya que plantea posibles implicaciones legales para el presidente Petro y su gabinete.
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara será la encargada de evaluar las acusaciones relacionadas con la divulgación de información sensible.
Este episodio se suma a un contexto de creciente polarización en Colombia, donde las decisiones del gobierno de Gustavo Petro han sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de la oposición. La solicitud de réplica y las denuncias legales podrían marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los partidos opositores, mientras el país observa con atención el desenlace de esta controversia.