La reciente declaratoria de conmoción interior por parte del Gobierno de Gustavo Petro provocó un intenso debate en el escenario político colombiano. Dentro de las medidas adoptadas bajo esta declaratoria, una de las más controversiales fue la expropiación administrativa para la entrega de tierras a víctimas del conflicto en 19 municipios priorizados. Esta disposición generó una rápida reacción por parte de la representante a la Cámara Katherine Miranda, perteneciente al partido Alianza Verde, que cuestionó la legalidad y el impacto de la medida.
La congresista que hace parte de la autodenominada “bancada independiente” alertó en sus redes sociales sobre lo que considera un intento del Gobierno de restablecer la “expropiación express”, argumentando que esto podría vulnerar derechos fundamentales.
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“Quieren volver a meter la expropiación express, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada”, publicó en su cuenta de la red social X, acompañando su denuncia con un fragmento del Decreto 108 de 2025, en el cual se establece la expropiación por vía administrativa.
Esta declaración desató la respuesta inmediata de la congresista Mafe Carrascal, de la coalición del Pacto Histórico, que, a través de un extenso mensaje en la misma red social, desestimó los señalamientos de Miranda y defendió la medida adoptada por el Ejecutivo. En su mensaje, la legisladora señaló que la oposición de su colega en Cámara de Representantes era errónea y que la expropiación administrativa es un mecanismo necesario para garantizar el acceso a la tierra en el Catatumbo, una región golpeada por la violencia y la falta de acceso a recursos productivos.
“Katherine, te equivocas gravemente al oponerte al uso de la expropiación administrativa para culminar los procesos de adquisición directa de predios destinados a la dotación de tierras en el Catatumbo”, comenzó Carrascal en su respuesta. La congresista argumentó que la crisis de orden público en la región está directamente relacionada con los obstáculos institucionales que han frenado la implementación de la Reforma Rural Integral, establecida en el Acuerdo de Paz de 2016, ella justificó la necesidad de medidas extraordinarias para garantizar el acceso a la tierra a poblaciones víctimas del conflicto.
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Carrascal presentó su postura como un dilema en el que los líderes políticos tienen dos opciones: “1) Debatir con responsabilidad y patriotismo la conveniencia de estas medidas, reconociendo que estamos ante una situación excepcional que requiere soluciones extraordinarias, o 2) Refugiarse con ánimo electorero en eslóganes políticos de siempre, como si nada hubiera cambiado, ignorando las circunstancias actuales y privilegiando la indignación fácil sobre un análisis serio de lo que se necesita hacer”.
Según la legisladora, la negativa de Miranda ante la medida podría interpretarse como una oposición a los esfuerzos del Gobierno por garantizar la paz y la justicia social en las regiones más afectadas por la violencia. La congresista del Pacto Histórico cuestionó la postura de su colega de la Alianza Verde, insinuando que su crítica podría responder a una estrategia política para captar apoyo en sectores tradicionalmente opuestos al Gobierno.
“No seas un obstáculo para que el electorado de derechas que ahora buscas representar pueda comprender la necesidad de estas medidas”, escribió Carrascal, haciendo un llamado a Miranda para que reconsiderara su postura y no se dejara llevar por discursos de oposición sin un análisis profundo de las circunstancias actuales.
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La representante también aseguró que la medida no pone en riesgo la propiedad privada en general, sino que está dirigida específicamente a procesos en curso de adquisición de tierras para fines sociales. “Hay cosas más importantes que hacer en este momento que hacer un show en defensa de la propiedad privada cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe que no está amenazada”, agregó.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para cumplir con compromisos históricos en materia de restitución de tierras, sectores de la oposición mostraron su preocupación por la legalidad y los posibles abusos que podrían derivarse de esta decisión.