El anuncio del incremento del salario mínimo mensual para el 2025 que realizó el presidente Gustavo Petro estaría enfocado en el bienestar económico de los trabajadores, en concordancia con los índices de inflación, como emitió la cabeza del Ejecutivo.
Y aunque la noticia pueda alegrar a los trabajadores, hay dinámicas económicas que pueden hacer de la noticia un motivo de estudio más insistente.
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El gremio empresarial indica que un ajuste salarial cercano al 10% puede comprometer la estabilidad financiera de las corporaciones y, por ende, generar pérdidas de empleo y una mayor brecha de informalidad.
De hecho, las cifras en Colombia revelan que alrededor de 3,3 millones de personas, equivalentes al 15% de la población económicamente activa, perciben el salario mínimo.
Estos datos, respaldados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), citados por La República, también puntualizan que el 43% de los trabajadores en el país (10 millones) gana menos de un salario mínimo, mientras que solo el 4% (930.000 personas) tiene ingresos superiores a cuatro salarios mínimos.
Incluso, que un 23% de la población trabajadora gana más de un sueldo básico, y un 8% (unos dos millones de colombianos) ganan más de dos salarios mínimos.
Este escenario no es nuevo. De hecho, parece haber mostrado una mejoría. Un informe de la Dian publicado en el 2024 informó que tres años atrás, en 2021, “la mitad de los trabajadores ganaba un salario mínimo o menos y el 8,6 % tenía ingresos de hasta dos salarios mínimos. Las mujeres trabajadoras estaban en una situación incluso más difícil: 67 % de las asalariadas o independientes recibía ingresos laborales iguales o inferiores a un salario mínimo”.
No es mucho lo que alcanza a hacer un ajuste salarial poco moderado
El debate sobre el impacto del salario mínimo sigue siendo central en las discusiones económicas del fin de año del 2024.
Aunque el aumento decretado por el gobierno para 2025 busca mejorar el poder adquisitivo y reducir las brechas sociales, expertos señalan que su alcance es limitado
Así lo comunicó al medio económico Martín Jaramillo, docente de la Universidad Javeriana, que afirmó que “el salario mínimo beneficia principalmente a una clase media trabajadora, mientras que los sectores más vulnerables, en su mayoría empleados en la economía informal, quedan al margen de estas medidas”.
De hecho, la disparidad entre las zonas urbanas y rurales acentúa el desafío. David Fernando Varela, también profesor de la Universidad Javeriana, le dijo al portal informativo que en las áreas rurales una mayor proporción de trabajadores recibe ingresos iguales o inferiores al salario mínimo debido a la prevalencia de empleos informales y actividades agrícolas. En las ciudades, aunque los ingresos tienden a ser más altos, el costo de vida aumenta significativamente.
El incremento del salario mínimo trae complicaciones para empresarios pequeños que optarían por la informalidad
De acuerdo con los docentes, el aumento del salario mínimo implica costos adicionales para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que en muchos casos enfrentan dificultades para ajustarse.
“La formalidad empresarial sufre, ya que los negocios compiten contra sectores informales o internacionales y pueden verse forzados al cierre”, advirtió Jaramillo.
Por otro lado, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica familiar, especialmente en las zonas urbanas.
Varela señaló que, aunque los aumentos salariales pueden generar un alivio temporal, también contribuyen a la inflación, neutralizando las mejoras reales en los ingresos.
En ese orden de ideas, todas las ramas del poder en Colombia siguen concentrando sus esfuerzos en ponerle la cara a un equilibrio de intereses entre trabajadores y empresarios que no atente contra la economía nacional y que, además, propulse la formalización laboral y la productividad.
A juzgar por lo que dijeron los expertos, se requerirían medidas medidas complementarias, como políticas diferenciadas por región y sector, que podrían resultar esenciales para evitar que los incrementos del salario mínimo profundicen las desigualdades.