En la noche del miércoles 4 de diciembre, un grupo de aproximadamente 35 integrantes de la comunidad emberá chamí protagonizó una nueva manifestación en Bogotá, esta vez en el edificio San Diego, sede de la Dirección Territorial Centro de la Unidad para las Víctimas.
Ubicado en el barrio Sagrado Corazón, este espacio se convirtió en el epicentro de una protesta que busca visibilizar el incumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno Petro.
El descontento de la comunidad indígena surge tras el rompimiento de las negociaciones por parte del director de asuntos étnicos de la Unidad para las Víctimas, según denunciaron los líderes del movimiento. Las principales demandas incluyen la provisión de servicios básicos, garantías para ejercer su derecho a la protesta, y una atención más efectiva a las necesidades de la comunidad.
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Esta toma ocurre apenas días después de que los líderes emberá chamí alcanzaran un acuerdo con el Gobierno nacional, tras haber ocupado las instalaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN) durante dos semanas.
Esa movilización, iniciada el 25 de noviembre con la llegada de más de cuarenta buses desde los departamentos de Chocó y Risaralda, ya había puesto en evidencia las tensiones entre esta comunidad y las instituciones del Estado.
Repercusiones y denuncias recientes
El contexto de esta protesta también está marcado por una denuncia interpuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social ante la Fiscalía.
El organismo reportó el uso de cepos como medida de castigo a seis menores indígenas de entre 11 y 14 años en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. Este caso, que se hizo público el 28 de noviembre, refleja las preocupantes condiciones a las que se enfrentan algunos integrantes de esta comunidad en los centros de atención estatal.
Impacto en la ciudad y reacción ciudadana
La manifestación en el edificio San Diego generó molestias en algunos sectores de la ciudadanía, quienes expresaron su inconformidad a través de redes sociales. Aunque las autoridades locales reconocen el derecho a la protesta, varios ciudadanos y representantes gubernamentales han solicitado una pronta resolución para garantizar el orden y liberar el acceso a las instalaciones ocupadas.
Por su parte, los líderes emberá han reiterado que su permanencia en el lugar dependerá de la disposición del Gobierno Nacional para reabrir las mesas de diálogo y atender sus exigencias. Hasta ahora, las demandas de la comunidad siguen sin respuesta oficial.
El caso de los emberá chamí pone de relieve las dificultades históricas de las comunidades indígenas para obtener garantías plenas de sus derechos. Más allá de la ocupación de espacios públicos, su lucha evidencia una brecha estructural en la atención y el respeto hacia sus necesidades. Este episodio no es solo una protesta; es un llamado de alerta para abordar las desigualdades y construir soluciones sostenibles que incluyan a las comunidades más vulnerables del país.
Ha habido denuncias de abuso sexual en asentamientos indígenas
En la jornada del 2 de diciembre, la Secretaría de Integración Social confirmó que se presentaron dos casos de vulneración de los derechos de dos menores que habitaban la UPI (Unidad de Protección Integral) La Florida, que se encuentra en el municipio de Funza, Cundinamarca.
El primero se trata de un hecho de abuso sexual a una menor de la comunidad emberá en este lugar. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que procedió con la investigación y dio captura a este hombre, que al parecer, conformaba la comunidad katio.
La diligencia fue realizada bajo los parámetros que son establecidos por este tipo de comunidades para evitar cualquier irregularidad, se desarrolló en presencia de miembros de la Secretaría Distrital de Integración Social, personas de la guardia indígena, el gobernador indígena y la víctima. Fue acusado de ser el presunto responsable de cometer un delito sexual con menor de 14 años.
“Al detenido se le leyeron sus derechos, y aunque manifestó comprender el español, el gobernador indígena realizó traducciones para mayor claridad. Al finalizar el procedimiento, el capturado fue trasladado a la estación de policía del municipio de Funza, donde continuará el proceso legal correspondiente”, se consigna en el comunicado oficial de la entidad.
El segundo hecho también ocurrió en las mismas instalaciones, donde una joven, tras recibir un castigo, fue encerrada en un espacio de las instalaciones, acto que fue avalado por su familia y la comunidad en general.
Sobre este caso de violencia, la Secretaría informó que: “Luego de ser alertada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) interinstitucional de La Florida, se puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Funza esta situación de violencia y vulneración de derechos por competencia territorial, ya que la UPI La Florida se encuentra ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca, y no cuenta con defensor de familia, asumiendo el comisario las funciones propias por subsidiariedad.”