El 1 de noviembre ocurrió un incidente que generó gran controversia en medio de la celebración del tercer día de las fiestas del Chalán y la Ganadería, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia; cuando una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación apareció disfrazada como guerrillera del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Un agente de la Policía atendió de inmediato la situación al notar el atuendo de esta persona, identificada como Marta Lilian Calderón Zuluaga. Como se observa en un video difundido en redes sociales, el oficial le solicitó insistentemente que se quitara los emblemas del disfraz, argumentando que resultaban “inapropiados” y debían ser retirados.
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Sin embargo, la implicada reaccionó de forma desafiante ante la solicitud del policía, alegando que solo se trataba de un disfraz y negándose a acatar la orden. El agente, por su parte, le recordó la seriedad del incidente, destacando que, como funcionaria pública, tenía la responsabilidad de dar ejemplo y subrayando que el uso de emblemas de un grupo terrorista constituía un delito.
Ante esto, el alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira Valencia, aseguró que “las autoridades, al ver la situación, hicieron un llamado a la señora para que se retirara la vestimenta. Sin embargo, ella se opuso y se le aplicó un comparendo por su irrespeto y por rehusarse a acatar el llamado de las autoridades”.
Por su parte, Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, anunció el comienzo de una investigación orientada a determinar si se deben aplicar sanciones disciplinarias contra la funcionaria en cuestión.
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“Ante la contundencia de informaciones e imágenes que han circulado por medios de comunicación y redes sociales, donde puede verse a una empleada de la Fiscalía General de la Nación utilizando emblemas y uniformes de un grupo al margen de la ley, hemos ordenado la respectiva compulsa de copias para que nuestra seccional de Antioquia verifique la relevancia disciplinaria que pueda tener su conducta”, aseguró en medio de un pronunciamiento público.
De acuerdo con la entidad judicial, Calderón habría incurrido en la conducta establecida en el numeral 6 del artículo 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que se refiere a actos que socavan la confianza ciudadana y comprometen la dignidad de la justicia.
De acuerdo con información de El Tiempo, una fuente aseguró que esta no sería la primera vez que la funcionaria está en la lupa, pues ya había sido trasladada de esa región del departamento debido a acciones que presuntamente contravenían su deber como funcionaria pública.
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En el pasado, Calderón habría enfrentado un proceso disciplinario en San Roque, Antioquia, su municipio natal, ubicado en la región del Nordeste antioqueño. Este lugar se encuentra a solo una hora de Santo Domingo, donde actualmente se desempeña como secretaria Fiscal.
“De San Roque, Antioquia, la sacaron esposada por hacer política y tiene denuncias por acoso moral y bullying a varias personas”, aseguró la fuente. A la abogada le figura un proceso disciplinario registrado en mayo de 2023, gestionado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín. En este caso, Calderón fue demandada de forma anónima en un expediente clasificado bajo la categoría de “empleados”.
El incidente ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad y el comportamiento que tienen los funcionarios públicos en eventos comunitarios. La comunidad de Santo Domingo se ha mostrado consternada por la aparente falta de sensibilidad, especialmente en una región profundamente marcada por las secuelas del conflicto armado. Ante esta situación, las autoridades locales también han manifestado preocupación y han puesto en marcha un proceso para evaluar las medidas correspondientes en este caso.
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