Una de las zonas en disputa por control de rutas de narcotráfico es el Cañón del Micay, ubicado en Cauca. una de las más disputadas por las estructuras criminales de Iván Mordisco, Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia que, a través de la minería ilegal y la extracción de oro, podrían estar generando $4.000 millones de ganancias mensuales.
En este caso, tres puentes que comunican con comunidades a lo largo del Cañón están cargados con explosivos, lo que representa un riesgo significativo para la población civil.
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La inteligencia militar ha identificado que estos puentes son cruciales para el tránsito de las comunidades locales. El primer puente se encuentra entre los municipios de El Plateado y Aguaclarita, cerca del corregimiento de La Hacienda. El segundo puente es una de las doce entradas al casco urbano de Aguaclarita, mientras que el tercero conecta el sur con el norte del Cauca, cerca del corregimiento de Honduras.
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La situación ha llevado a las Fuerzas Militares a intensificar sus operaciones, ya que la presencia de explosivos en los puentes no solo viola los derechos humanos, sino que pone en peligro las únicas vías de acceso para muchas comunidades del Cañón del Micay.
La zona, que abarca nueve municipios a lo largo del Cañón, es disputada por tres estructuras de las disidencias de las Farc, quienes buscan controlar las rutas del narcotráfico. Esta lucha por el control territorial ha incrementado la inseguridad y la violencia en la región, afectando gravemente a la población civil que depende de estos puentes para su movilidad.
Las acciones de las disidencias, como las del grupo Carlos Patiño, han sido condenadas por las autoridades, quienes han reforzado su presencia militar para contrarrestar la amenaza y garantizar la seguridad de los habitantes. La situación en el Cañón del Micay refleja la complejidad del conflicto armado en Colombia, donde las comunidades locales a menudo quedan atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y las fuerzas del Estado.
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El deseo del control y dominio
Cabe recordar, que recientemente las Fuerzas Militares tuvieron confrontaciones armadas contra las estructuras de Iván Mordisco y disidentes de la Segunda Marquetalia de las Farc, debido a que los grupos criminales desean “tener el control y dominio total de rentas ilegales como la explotación ilícita de yacimientos mineros, la de los cultivos ilícitos y producción de droga y la de tener un corredor de movilidad con salida hacia el Océano Pacifico”, indicó la Fuerza Pública.
Los disidentes de las Farc tendrían al menos, 15 retroexcavadoras, 10 dragones, ocho clasificadoras y por lo menos 30 motores para labores de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el rio Micay.
“Otro grave problema que está derivando esta acción, es que del agua del río Micay se surten acueductos de poblaciones como El Plateado, San Juan de Mechengue, y Honduras, lo que estaría afectando la salud, a largo plazo, de por lo menos 15.000 personas”, confirmaron las autoridades en su momento.
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Y la situación se agrava con la presencia de artefactos explosivos instalados por las disidencias en caminos veredales, lo que ha llevado a muchos campesinos a optar por quedarse en sus hogares y continuar con sus labores cotidianas, evitando así el riesgo de desplazarse por áreas peligrosas.
Además, hay que resaltar que en el contexto actual que vive el país entre diálogos de paz y acuerdos del cese al fuego, el Ejército no podría combatir a las disidencias de las Farc porque antes de realizar todo tipo de acción, deberán esperar órdenes judiciales y así proceder a movimientos que den fin a la explotación minera y control armado ilegal en esa región.