Con altas expectativas, se cumplió el miércoles 23 de octubre la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como la COP16, que tiene como epicentro a Cali (Valle del Cauca). Y que arrancó con un llamado urgente a los países participantes para que presenten sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAPs), que resulta un requisito clave para avanzar en la planificación global para proteger, justamente, la biodiversidad.
Sin embargo, de los 196 países asistentes, solo 33 presentaron sus documentos, lo que para Juan Pablo Sarmiento, investigador de la Universidad de La Sabana, esta situación refleja “un bajo compromiso para detener la pérdida de biodiversidad y promover su restauración hasta el año 2030″. La importancia de estas estrategias radica en que permiten a los países alinear sus acciones con el marco mundial Kunming-Montreal, cuyo objetivo principal es detener y revertir la pérdida de la naturaleza.
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Sin estas propuestas, será complicado para los tomadores de decisiones establecer nuevos objetivos comunes y definir temas presupuestales críticos. “La pérdida de oportunidad que se da al no entregar estos planes desde el punto de vista financiero y técnico atrasa esos compromisos”, comentó Sarmiento, y reiteró la necesidad de una mejor articulación entre países para llegar a acuerdos comunes. “Por eso es importante que los tomadores decisiones consideren esa articulación imprescindible”, agregó.
En el contexto colombiano, el país anfitrión de esta cumbre dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad al 2030. Sin embargo, en este documento se evidencian preocupaciones sobre su financiamiento, especialmente con la implicación de 15 carteras ministeriales en el cumplimiento de 159 compromisos. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio Cabrera, destacó la necesidad de más de 75,9 billones de pesos para ejecutar las seis metas del plan.
“La ejecución presupuestal ha venido mejorando sustancialmente”, dijo Cabrera en relación con este asunto que suscitó la atención de la comunidad, y luego de mencionar, a manera de crítica a gobiernos anteriores, cómo los recursos se ejecutaban “maravillosamente” para degradar los ecosistemas. Por tal motivo, aseguró que ahora se busca tener una “visión de territorio más adecuada para no gastar el dinero, causando deterioro ambiental”.
Se espera que a lo largo de la COP16 se puedan definir acciones concretas, que permitan ir más allá de los objetivos planteados. En especial, en la necesidad de obtener resultados tangibles que permitan la protección de los ecosistemas y, del mismo modo, ayuden a conservar la biodiversidad.
Una visión profunda al ecocidio desde Colombia
En paralelo, el ecocidio ha cobrado especial relevancia, especialmente en el país, en donde las prácticas como la deforestación y el cambio climático exigen una respuesta decidida. Un informe cita una encuesta de Earth4all y Global Commons Alliance señala que el 72% de los países del G20+ están de acuerdo con tipificar el ecocidio como delito; sin embargo, en Colombia, se enfrenta un reto considerable, ya que las principales causas de la deforestación incluyen la expansión agrícola y la minería ilegal, según Fedesarrollo.
Para combatir estos problemas, se adoptó la Ley 2111 de 2021, lo que permitió ampliar los delitos ambientales, aunque “el enfoque punitivo no ha sido eficaz”. Así lo reconoció el Sarmiento “El problema, en términos legales, es más abstracto... y eso quizás no es tan fácil de predicar en el caso colombiano”, argumentó el investigador en mención, que destacó las enormes dificultades que se registran en el territorio nacional.
Además, el contexto local es sin duda complejo por los conflictos socioambientales que no solo involucran a privados, sino también a grupos armados interesados en actividades ilegales, lo que agrava la situación de los ecosistemas. Al respecto, el académico puntualizó a que se necesita una solución integral que englobe la ley, la cooperación internacional y concienciación pública para superar estos desafíos. “El Estado tendría que lograr desmovilizar a estos grupos para superar la destrucción del ecosistema”, afirmó.