San José del Guaviare, Cumbitara, en Nariño e Ituango, en Antioquia, enfrentan serios riesgos debido a las acciones de grupos armados, según alertó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha). En San José del Guaviare, 3.830 personas están en peligro de confinamiento por posibles enfrentamientos entre grupos armados que buscan controlar el territorio.
La Ocha informó que estos grupos han intensificado las medidas de control territorial y social, imponiendo carnetización, cobro de extorsiones y toques de queda. Estas acciones generaron un alto riesgo de inseguridad alimentaria en la población. Además, la situación podría derivar en desplazamientos y restricciones para las organizaciones humanitarias.
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De otro lado, en Cumbitara, Nariño, al menos 1.000 personas de 300 familias enfrentan riesgos de desplazamiento masivo y confinamiento. Un grupo armado obligó a la comunidad de varias veredas del corregimiento de Sidón a protestar contra el Ejército, lo que llevó a la población a desplazarse temporalmente hacia la vereda de Yanasara. Aunque las Fuerzas Militares se retiraron y las comunidades regresaron a sus hogares, la presión del grupo armado y el riesgo de combates continúan amenazando a miles de habitantes locales.
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La situación en Ituango, en el departamento de Antioquia, también es preocupante. Unas 4.000 personas de 1.300 familias podrían enfrentar restricciones de movilidad debido a nuevas normas impuestas por un grupo armado. Las comunidades más afectadas se encuentran en el corredor que conecta las veredas de Santa Rita y El Aro con el corregimiento de la Caucana en Tarazá y Valdivia. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU destacó que persisten prohibiciones de tránsito nocturno, carnetización de la población civil y censos de vehículos, lo que genera temor en la población ante posibles represalias por denunciar estos hechos.
“Entre las zonas más afectadas están las comunidades que se ubican en el corredor que conduce de las veredas de Santa Rita y El Aro hacia el corregimiento de la Caucana en Tarazá y hacia Valdivia. Se destaca que persiste la prohibición del tránsito en un horario desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., la carnetización de la población civil que vive en estas zonas y el censo de todos los vehículos que ingresan y transitan de forma regular al territorio. Es de destacar que existen algunos vacíos frente a la identificación de los hechos victimizantes debido al temor de la población civil frente a las posibles represalias que pueda tomar el actor armado no estatal por dar declaraciones oficiales o denunciar los hechos victimizantes”, indicó la organización textualmente en su comunicado.
Asimismo, la Ocha destacó que la identificación de los hechos victimizantes es complicada debido al miedo de la población civil a las represalias de los grupos armados. Esta situación agrava la vulnerabilidad de las comunidades afectadas y dificulta la intervención de las misiones humanitarias.
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Es preciso señalar que entre enero y mayo de 2024, 31.832 personas se han visto obligadas a confinarse, lo que representa un aumento del 101% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja una intensificación de los confinamientos y desplazamientos de comunidades en diversas regiones del país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que estos confinamientos no solo afectan la libertad de movimiento de las personas, sino que también tienen un impacto significativo en su acceso a servicios básicos y medios de subsistencia. Las comunidades afectadas se ven obligadas a permanecer en sus hogares o en áreas limitadas, lo que dificulta su acceso a alimentos, agua potable y atención médica. La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias continúan trabajando para brindar apoyo y asistencia a las comunidades más vulnerables.