La Procuraduría General de la Nación anunció el archivo definitivo de la investigación que pesaba sobre la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen. Esta decisión se produce en el contexto del escándalo conocido como el caso de Centros Poblados, donde se cuestionó la pérdida de 70.000 millones de pesos destinados a la conectividad en escuelas rurales en Colombia.
Según la información revelada por la revista Cambio y en particular por la periodista Paola Herrera, que sigue de cerca este caso desde su inicio, la decisión de archivar la investigación por parte de la Procuraduría se basa en varios argumentos. En primer lugar, se determinó que Abudinen no tenía injerencia en la supervisión del contrato 1043 de 2020, ya que no era la responsable de la supervisión directa. Además, se concluyó que no participó en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser falsa, una actividad que no estaba dentro de sus deberes funcionales, según el análisis del ente de control.
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El auto emitido por la Procuraduría, el 23 de septiembre de 2024, señala que, desde que se notificó al MinTIC sobre el presunto incumplimiento del contratista hasta la declaración de caducidad del contrato, pasaron solo dos meses. Este detalle se interpretó como una señal de la agilidad de los funcionarios del ministerio, como a la secretaria general, lo que les exime de reproches sobre la falta de control, de acuerdo con la fuente citada.
La Procuraduría también resalta que Abudinen solicitó a Adriana Meza Consuegra información sobre las acciones administrativas relacionadas con el incumplimiento del contrato. Este aspecto fue considerado como prueba de que la exministra estaba atenta a la situación, lo que contradice las acusaciones de negligencia en sus funciones. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso la revista, se afirma que “las pruebas permiten a la sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales”.
Adicionalmente, el auto establece que la ex alta funcionaria no participó en la elaboración o revisión de los pliegos de condiciones, en la recepción de ofertas, en la adjudicación del contrato, ni en la emisión de adendas. Por el contrario, se sostiene que ejerció control sobre los funcionarios encargados del proceso licitatorio.
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“Por lo tanto, se denota agilidad en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios del ministerio, entre estos la secretaria general y por esa razón se hace imposible realizar algún reproche a la aquí investigada por no ejercer el debido control y vigilancia a la función contractual sobre su delegatoria”, se lee en el documento que conoció la fuente citada.
De qué se trató el escándalo
El caso de Centros Poblados es un escándalo de corrupción que involucró la contratación de una empresa para el desarrollo de un proyecto de conectividad en zonas rurales del país. El contrato fue adjudicado en 2020 a la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo era llevar internet a más de 15.000 escuelas en áreas apartadas, durante el gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, el proceso de ejecución del contrato se vio envuelto en irregularidades, ya que la empresa adjudicataria no tenía la capacidad técnica ni financiera para cumplir con los requisitos establecidos. En medio de estos problemas, se descubrió que parte del dinero del contrato había sido mal utilizado. En particular, se evidenció que la empresa había presentado documentos falsos para obtener la aprobación del contrato y había incumplido con plazos de ejecución.
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El escándalo adquirió mayor notoriedad cuando se conoció que supuestamente la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen había tenido un papel activo en la adjudicación del contrato. A raíz de esto, se iniciaron varias investigaciones.
Así fue recibida la noticia en líderes políticos
La decisión de archivar la investigación provocó diversas reacciones en el ámbito político, ya que para los críticos, la decisión refleja una posible impunidad y falta de responsabilidad en altos funcionarios públicos.
Una de las primeras en expresar su opinión fue la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que utilizó su cuenta en X para señalar que, tras la decisión del Ministerio Público, surgía la pregunta de quién asumiría la responsabilidad por la pérdida de 70.000 millones de pesos.
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“Esto es una cachetada para Colombia: Cabello archiva la investigación que cursaba en contra de Abudinen antes de irse, deja impune y sin responsables políticos el enorme caso de corrupción de Centros Poblados. Otra jugadita del duquismo ¿Quién responde por los $70 mil millones?”