En la tarde del 12 de septiembre del 2024 el presidente Gustavo Petro firmó una directiva presidencial que busca prohibir la estigmatización de la prensa. En su discurso abordó varios puntos clave. Muchos de ellos eran ciertos, algunos parcialmente acertados y algunos podrían ser consideradas falsedades.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
De hecho, en la primera parte de su discurso el mandatario colombiano afirmó que esta directiva es un paso crucial para garantizar la libertad de prensa en Colombia.
Lo anterior es verdad en cuanto a que las medidas para proteger a los periodistas y garantizar su libertad son esenciales en una democracia. Colombia ha enfrentado desafíos en este ámbito.
Además, aseguró que la protección de los periodistas es fundamental para la salud democrática del país.
Esa declaración también es cierta ya que la democracia se fortalece con una prensa libre y crítica. Esta afirmación es verídica en términos de teorías democráticas y sistemas políticos que han sido retomados por entidades como la Flip, las cuales abogan por la libertad de prensa.
El presidente también mencionó varios incidentes en los que periodistas han sido atacados o estigmatizados por su labor en Colombia. Lo anterior también es verdad ya que existen múltiples casos documentados de agresiones y amenazas contra periodistas en Colombia. La mención de estos eventos es generalmente verdadera y está respaldada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por casos mismos como el de la periodista Jineth Bedoya.
Acto seguido, el presidente Petro aseguró que esta directiva tendrá un impacto inmediato y significativo en la protección de los periodistas. Tal declaración resulta falaz en la medida que una directiva no tiene un impacto inmediato, vista desde una postura gubernamental y administrativa, pues, según lo recuerda la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), al igual que una política pública requiere de tiempo para ver su funciona o no. Aunque puede sentar un precedente importante, la implementación y el cambio cultural tardan tiempo.
En cuanto a su Gobierno, el presidente indicó que es el más transparente en la historia reciente del país. Lo cual es cuestionable desde varias partes entendiendo que en primera medida la transparencia gubernamental puede ser subjetiva y debe ser analizada con datos concretos, que por ahora no posee ni siquiera el Dane, por lo que sin datos específicos que la respalden podría considerarse una generalización sin sustento. Además, en este Gobierno se han presentado dos de los quizá más grandes escandalos de corrupción del país como lo es los ‘narcopagos’ de Nicolás Petro y el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según Petro, la comunidad internacional ya ha aplaudido esta iniciativa. Eso, en lugar de ser cierto o falso, es una probabilidad, pues puede que organismos internacionales que defienden la libertad de prensa respalden medidas para proteger a los periodistas. Sin embargo, sin evidencias concretas de dichas reacciones, esta declaración es especulativa.
Ahora bien, en el discurso del presidente se pueden encontrar:
Cosas ciertas:
- Importancia y contexto de la directiva presidencial (Pedro Vaca): La directiva realmente aborda la salvaguardia de la libertad de prensa y es una medida oficial adoptada.
- Colaboración con la CIDH (Pedro Vaca): Existe una colaboración conocida con organismos internacionales.
- Control de medios por el poder económico y mafioso (Gustavo Petro): Hay múltiples informes y estudios que corroboran la influencia del poder económico en los medios de comunicación en Colombia.
Falacias y posibles exageraciones:
- Colombia como el primer país en adoptar una normativa específica (Pedro Vaca): Aunque es un avance significativo, afirmar ser el primer país puede ser una exageración sin revisar otras legislaciones comparables.
- Utilización de Pegasus (Gustavo Petro): La referencia a Pegasus podría ser cierta, pero afirmarlo sin pruebas concretas y recientes puede ser percibido como una falacia de generalización, incluso, si el presidente asegura que los hechos ocurrieron en el gobierno de Iván Duque con apoyo de la Dipol y que el Gobierno israelí le proporcionó la información suficiente.
- Denuncias de represión y vigilancia (Gustavo Petro): Necesitan ser corroboradas con investigaciones específicas y datos concretos para evitar la falacia de apelación al miedo, en especial porque hasta ahora el presidente no ha dicho nombres ni mostrado documentos que corroboren sus afirmaciones. Todo bajo las palabras del presidente con respecto a que hay un plan que busca acabar con su vida.
Además, en su discurso el presidente Petro calificó de nazis a todas aquellas personas y medios que lo cuestionan. Habló de cómo los medios de comunicación o, incluso, la Fiscalía General de la Nación cuando estaba encabezada por Francisco Barbosa manipulan la información haciendo ver que situaciones como los atentados en contra de la vicepresidenta Francia Márquez eran “menos graves de lo que deberían”.
Ligado con eso, aseguró que en medio del plan que busca atentar contra su vida, seguramente es para quedarse con el poder, lo cual es falso ya que la sucesión de mando en el país no funciona así. De hecho, ante la extraña y casi imposible eventualidad en que tanto el presidente como la vicepresidenta quedaran incapacitados o fallecieran, la Constitución y leyes específicas estipulan una serie de mecanismos para asegurar la continuidad del gobierno, gestionados por las tres ramas del poder público.
En el poder ejecutivo, la primera persona en la línea de sucesión es el vicepresidente. Si este cargo está vacante, asume las funciones presidenciales un ministro, según el orden de precedencia establecido por ley, es decir que dependiendo de la situación asume el ministro de Defensa o el del Interior. Este ministro debe pertenecer al mismo partido político que el presidente y deberá ejercer la presidencia hasta que el Congreso elija un nuevo vicepresidente en un plazo de treinta días. Este nuevo vicepresidente completará el período en curso.
Por su parte, el Congreso de la República juega un papel crucial en esta transición. En caso de que tanto el presidente como el vicepresidente estén imposibilitados para cumplir sus funciones, el Congreso debe convocar una sesión y elegir a los nuevos mandatarios en un plazo de quince días desde que se produce la vacante presidencial. Además, es responsabilidad del Congreso aprobar las leyes necesarias para garantizar la continuidad del gobierno y la estabilidad del país, lo que refuerza su papel central en la sucesión presidencial.
Aunque la Rama Judicial no tiene un rol directo en la designación de un nuevo presidente, su función es esencial para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley y la Constitución. La Corte Suprema de Justicia podría intervenir en caso de disputas o controversias legales relacionadas con la sucesión, asegurando así la legalidad y constitucionalidad del proceso.