Los habitantes de Cauca siguen siendo víctimas de la violencia ejercida por las disidencias de las Farc, que actualmente están en mesas de negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El 23 de julio de 2024, en el corregimiento El Plateado, de Argelia (Cauca), el grupo armado residual generó un ataque con un artefacto explosivo improvisado, tipo tatuco, que explotó en una cancha de fútbol. Seis personas resultaron heridas y un niño de 10 años murió.
Por eso, el Gobierno nacional hizo los primeros bombardeos desde 2022, en aras de permitir un ingreso seguro de las tropas del Ejército Nacional a varias zonas del departamento. “Tenemos una estrategia que se está preparando en torno a poder estar defendiendo esos territorios que los ilegales han utilizado para devengar el dinero, fruto del narcotráfico que está presente dentro del Cañón del Micay”, detalló el comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, a El País.
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El uniformado informó que Anderson Vargas, alias Kevin, es el máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias y es el responsable de dirigir a los actores armados que tienen sometida a la población en Argelia. La organización armada no solo ha perpetrado ataques, sino que, ahora, está cobrando millones de pesos a los pobladores.
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Según detalló, luego de haber lanzado el artefacto explosivo en El Plateado, las disidencias se pronunciaron públicamente, dando un discurso en el que lamentaron el asesinato del menor de 10 años, identificado como Dilan Camilo Erazo Yela. “Un niño inocente de esta guerra absurda”, dijo un integrante de la guerrilla, pidiendo un minuto de silencio a la ciudadanía presente.
El general aseguró que, después de que se pronunciaron, exigieron a las personas el pago de millones de pesos. “Amenazaron a la población civil y les dijeron que, si ellos no sacaban al Ejército del municipio, cada familia debería de pagar $15 millones de multa, esto nos lo contaron los mismos campesinos”, aseveró el uniformado en conversación con el medio anteriormente citado.
Los habitantes reunidos respondieron, negándose a sacar a las autoridades del lugar y asegurando que, entonces, debían asesinar a todos. Pues, los guerrilleros amenazaron con matarlos si no pagaban los recursos exigidos. “Estas son muestras de que los campesinos ya se dieron cuenta de que la presencia en el territorio de estos grupos ilegales lo único que ha generado es desconcierto, terror, preocupación, miedo y zozobra”, indicó al informativo.
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Esta situación causó indignación y motivó a políticos del país a pronunciarse. Una de las personas que condenó los hechos es la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que aprovechó para poner en duda la política de paz en el país, implementada por el Gobierno. “Esto es muy grave (...). Los ciudadanos sufren las consecuencias del fracaso de la “paz total” del gobierno Petro”, sostuvo la congresista de la oposición en X.
El comandante también informó que el grupo armado residual se está fortaleciendo por medio del sometimiento de personas. Pues, se está organizando y consiguiendo “refuerzos” que se unen a las filas de manera forzada. Por lo menos 150 actores armados ya están movilizándose por una vía del Cañón del Micay y llevan con ellos a 95 menores de edad, aproximadamente, de entre 13 y 15 años.
Por otro lado, con respecto a los bombardeos que hizo el Gobierno nacional en Cauca, detalló que únicamente pueden hacerlos para despejar zonas de difícil acceso y espacios en donde puedan debilitar las capacidades de los guerrilleros. Por ahora, no han planteado la retoma de bombardeos en campamentos, debido a la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados. “Eso hace parte de la inteligencia y de un planeamiento de procedimiento que nos permita respetar el concepto del menor de edad y para eso tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos”, precisó al medio.
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