Con el objetivo de reunirse con entidades del Gobierno, más de 20 líderes de los territorios de Caquetá y Putumayo se desplazaron hasta Bogotá. La misión central de este viaje fue presentar un panorama detallado y alarmante sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos departamentos.
Los líderes reportaron casos de amenazas, restricciones a la movilidad, constreñimientos y homicidios, que se han multiplicado a pesar de los ceses al fuego anunciados por el Gobierno.
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Un comunicado conjunto elaborado por la Coordinadora Humanitaria y la organización Ambiente y Sociedad señala que, “durante la vigencia de los ceses al fuego se han registrado 141 eventos violentos en sus territorios. Según el último reporte humanitario, en comparación con el primer trimestre del 2023, Caquetá registró un aumento del 57% y Putumayo 50% de los eventos reportados”.
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Además de la violencia, los líderes expresaron su preocupación por la lenta implementación del acuerdo de paz y los escasos avances en la política de paz total promovida por el actual gobierno. “Vemos con preocupación, la intensificación de la arremetida contra el tejido organizativo y los procesos sociales, comunales, ambientales, campesinos, étnicos, firmantes de paz y de mujeres en los territorios, en el marco de diálogos de paz”.
También declararon que, pese a los múltiples comunicados y llamados al Gobierno nacional y actores sentados en mesas de negociación, “vemos cómo en nuestros territorios se siguen presentando desplazamientos forzados, diversas acciones de coerción hacia la sociedad civil, cooptación de las organizaciones sociales, amenazas directas, persecuciones y restricciones a la movilidad tanto individuales como colectivas”.
Los líderes de Caquetá y Putumayo no solo se desplazaron para denunciar, también a exigir acciones concretas. Solicitaron al Gobierno avanzar en la protección de los procesos organizativos y liderazgos ambientales, agrarios y comunales. Instaron a que en las mesas de diálogo con grupos armados se incluya la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario (DIH).
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“Hacer efectivos los mecanismos de verificación, monitoreo y veeduría locales, en el marco de las mesas de negociación, los cuales deben articularse con las herramientas e instrumentos comunitarios, impulsando: el seguimiento y generación de acciones concretas para casos de violaciones de DDHH y DIH y el seguimiento de los acuerdos de cese al fuego y los protocolos de acciones prohibidas”, señalaron en su solicitud.
El flagelo de la violencia
Durante la celebración del Día del Maestro, el miércoles 15 de mayo, autoridades educativas en Putumayo realizaron una preocupante denuncia que afecta gravemente al magisterio en esta región del país. Carlos Camacho, secretario de Educación Departamental del Putumayo, informó que 48 docentes en diferentes municipios han sido amenazados, en medio de las dinámicas del conflicto armado que persisten en el territorio.
“Tenemos 48 casos en los que los docentes, por presuntas amenazas, han tenido que ser desplazados; ellos están en comisión en la Secretaría de Educación o en algunos establecimientos educativos”, explicó Camacho.
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El secretario de Educación resaltó la gravedad del problema, destacando cómo las amenazas y desplazamientos afectan directamente a los estudiantes en zonas rurales como Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.
Esta grave problemática ya ha sido expuesta ante el Gobierno nacional. En un reciente encuentro de secretarios de educación, se presentó el panorama al que se enfrenta el sector educativo en Putumayo. Camacho añadió que se están realizando coordinaciones con las autoridades, organismos humanitarios y la Unidad Nacional de Protección para reubicar a los educadores y así reasignar las plazas disponibles.
Finalmente, el secretario hizo un llamado enfático a los actores armados ilegales para que respeten la labor de los docentes, no solo por su misión de impartir conocimiento a estudiantes en zonas apartadas, sino también por el liderazgo y la contribución al desarrollo de las comunidades en áreas de difícil acceso.
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