El Departamento para la Prosperidad Social informó que ya gestionaron los giros a un primer grupo de beneficiario del programa Renta Joven, que brinda una ayuda a económica a jóvenes en condición de vulnerabilidad que adelantan sus estudios de educación superior.
Aunque en este primer grupo se espera que 122 mil beneficiarios reciban el auxilio de hasta 400 mil pesos, la Procuraduría General de la Nación alertó la posibilidad de que muchos estudiantes vean “truncados” sus procesos académicos por cuenta de los atrasos en este pago.
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El Ministerio Público advirtió que los riesgos en el programa Renta Joven están relacionados con el cumplimiento de los giros que se realizan desde Prosperidad Social.
Por lo anterior, la Procuraduría instó a la entidad a cumplir con los cronogramas del programa de Renta Joven y así evitar que los más de 450 mil estudiantes que hacen parte de este se puedan ver perjudicados.
“Aunque la entidad, a raíz de los requerimientos hechos por el ente de control, ya anunció el desembolso de recursos para un primer grupo de 122 mil jóvenes, para el Ministerio Público persiste la preocupación pues muchos de ellos podrían ver truncados sus estudios”, expresaron desde la Procuraduría a través de un comunicado.
De acuerdo con el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, los retrasos están relacionados con los trámites jurídicos, técnicos y operativos necesarios para poder iniciar las transferencias monetarias.
Así mismo, informó que el primer giro, destinado a 122 mil jóvenes, comenzará el viernes 26 de abril de 2024 y finalizará el 10 de mayo.
Los requerimientos que le hizo la Procuraduría a Prosperidad Social
Ante los riesgos que alertó el Ministerio Público, la Procuraduría Segunda Delegada para la vigilancia de la función pública, en cumplimiento de sus funciones preventivas, hizo una serie de observaciones y requerimientos a la entidad encargada de gestionar el programa social Renta Joven.
Entre las solicitudes, está allegar las razones de los retrasos en la entrega de los apoyos económicos “orientados a beneficiar a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad que adelantan estudios de educación superior”.
Así mismo, desde el despacho de la Procuraduría encargada de la vigilancia de la función pública requirieron a los directivos del Departamento para la Prosperidad Social información sobre las gestiones que se han ejecutado con el objetivo de agilizar los giros del apoyo económico.
Además, le pidieron a los encargados de la entidad explicar cuáles son las estrategias que se han implementado no solo para hacer las transferencias monetarias, sino para vincular a los jóvenes a la vida laboral y de esa manera facilitar tanto el acceso como la permanencia a la educación superior.
Específicamente se pidieron los “planes administrativos y operacionales que ha emprendido la entidad para agilizar el trámite de las transferencias y de los proyectos de inserción laboral asociados y así facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior de los estudiantes que hacen parte de la población económicamente vulnerable”.
La Procuraduría General de la Nación aprovechó la coyuntura para entregar un fuerte mensaje de advertencia al Departamento para la Prosperidad Social, hoy en cabeza de Gustavo Bolívar.
Desde la entidad aseguraron que se realizará un seguimiento permanente de la gestión de los recursos que maneja la entidad, sobre todo a los que están destinados a atender las necesidades que tiene la población joven que adelanta estudios de educación superior en el país.
“El órgano de control advirtió que ejercerá seguimiento a la ejecución adecuada de los casi 685 mil millones de pesos asignados a este programa en 2024, en búsqueda de garantizar la permanencia y excelencia de los estudiantes en sus procesos de formación instando al cumplimiento oportuno de la entrega de las transferencias a los beneficiados”, indicaron desde la Procuraduría a través de un comunicado.