En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación adoptó medidas cautelares contra una reconocida escuela de conducción en el departamento de Putumayo, en este caso, la decisión comprende el embargo, secuestro y toma de posesión sobre cuatro establecimientos de comercio, 36 vehículos y un inmueble. La decisión del ente acusador tiene que ver con la supuesta vinculación de este patrimonio con las malas prácticas de la institución educativa, la cual expedía licencias de conducción a ciudadanos que no cumplían con ningún requisito.
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“La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 4 establecimientos de comercio, 36 vehículos y 1 inmueble que pertenecerían a una red delincuencial señalada de emitir irregularmente certificados de conducción”, explicó la Fiscalía.
Según el ente acusador, estas medidas buscan preservar la propiedad de los bienes hasta que se resuelva la situación legal de la red delincuencial implicada. Se investiga a este grupo por realizar actividades fraudulentas relacionadas con la emisión de certificados de conducción, un requisito legal obligatorio para conducir en el país.
El operativo se realizó de manera simultánea en cuatro municipios del departamento de Putumayo; Villa Garzón, Valle del Guamuez, Puerto Asís e incluso la capital Mocoa. Según la Fiscalía, la fraudulenta escuela recibió un impacto de casi 3.000 millones de pesos. El avance ilegal de esta institución le permitió crecer de manera desmedida en su patrimonio en un periodo cercano a los 10 años, situación que fue irregular para el ente acusador.
Dentro de los elementos de prueba, se identificó que el mecanismo ilícito manejado por la cuestionada escuela incluía la falsificación de huellas digitales, la suplantación de identidades y la adulteración de documentos públicos. Estos procedimientos delictivos eran empleados de manera sistemática para agilizar y garantizar la entrega de las licencias a personas no calificadas para la conducción de vehículos, quienes finalmente pasaban por la normativa establecida por el Ministerio de Transporte Nacional.
“En el curso de la investigación se estableció que la institución certificaba como aptas para conducir a personas que no realizaban los estudios respectivos ni asistían a las clases teóricas y prácticas. Asimismo, eran falsificadas huellas digitales, suplantadas identidades y adulterados documentos públicos para facilitar la expedición de las licencias de conducción”, destacó la Fiscalía General de la Nación.
Estos procedimientos terminaron con la captura y judicialización de 12 personas, quienes tras la investigación terminaron directamente vinculadas con la escuela en cuestión. Finalmente, a los capturados se les imputaron varios delitos, entre los que resaltan enriquecimiento ilícito, acceso a sistema informativo, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Según la Fiscalía, esta avanzada judicial se da en el marco de la denominada estrategia ‘Argenta’, la cual está diseñada para debilitar substancialmente las finanzas relacionadas con narcotráfico, así como combatir la criminalidad organizada y delincuencia común en el país.