La Procuraduría General de la Nación alertó por grave congestión de trámites en Colpensiones, a causa del despido de 110 funcionarios de la entidad en un periodo de tan solo seis meses.
La Procuraduría investiga el caso, ya que, este despido masivo podría vulnerar los derechos de los trabajadores, así como alterar el correcto funcionamiento de Colpensiones y debilitar la calidad de los servicios que presta.
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En un seguimiento permanente que realizó el Ministerio Público a la entidad, se reflejó un retraso en la decisión de prestaciones económicas a cargo de Colpensiones.
El ente de control, mediante requerimientos y visitas administrativas, recibió un informe con corte a 31 de agosto de 2023, con un total de 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos, y para lo que, no se cuenta con el personal suficiente para ser resuelto.
De esta forma, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, afirmó que en el año 2015 cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales, la entidad tenía 11.063 solicitudes vencidas, por lo que, el fortalecimiento de Colpensiones, en general, se había venido manteniendo como una entidad técnica y bajo parámetros de idoneidad, experiencia y eficacia.
Ante esta situación, la Procuraduría solicitó conocer las acciones o planes previstos a la fecha ante la contingencia y advirtió que fue por el retiro de funcionarios con experiencia técnica específica, que se pudo generar un aumento en el retraso de las decisiones de prestaciones económicas.
El 1 de septiembre de 2023, la oficina de talento Humano de Colpensiones certificó que entre el 1 de diciembre y el 31 de agosto de 2023 se liquidó en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones la suma de $1.226.061.008.
El organismo de control disciplinario sostiene que las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses generan preocupación en el ambiente laboral al interior de la entidad, lo cual ha conllevado la creación de nuevos sindicatos.
Respecto al proyecto de reforma que propone el Gobierno, el Ministerio Público advirtió que la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados.
De acuerdo con un informe revelado por W Radio, detrás de la “masacre laboral” de Colpensiones hay un entramado de corrupción, pues una serie de contratos otorgados durante la presidencia de Jaime Dussán, demuestran que estos puestos han sido suplidos por otros funcionarios que, al parecer, estarían siendo vinculados para pagar favores políticos.
En dicho documento aparece el registro de la contratación de nueve funcionarios cuyos cargos estarían relacionados con el asesoramiento del presidente de la entidad.
Al parecer, la vinculación del nuevo personal tendría como objetivo suplir los puestos que dejaron las personas que salieron de la entidad, presuntamente, de manera irregular. Además, los salarios de estos asesores oscilarían entre tres y nueve millones de pesos mensuales, lo que también generó cuestionamientos.
Pero esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta Colpensiones. El 24 de septiembre de 2023 se hizo pública una denuncia por maltrato y discriminación por parte de Yina Paola Saavedra Espinosa, jefa de Control Interno Disciplinario de Colpensiones.
La Procuraduría asumió la investigación por presunto acoso laboral a una de las empleadas de la entidad, María Catalina Guarnizo García, que alega haber sido víctima de malos tratos por parte de su superior durante el período que abarca desde 2018 hasta 2020.
Las acusaciones incluyen el uso de “palabras descalificadoras e irrespetuosas sobre sus labores y su físico delante de otros servidores de la entidad”, según señaló el Ministerio Público.