Durante la audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el seguimiento a las medidas cautelares de protección emitidas en 2020 para los excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil, el tribunal lanzó un duro reclamo al Gobierno nacional por los asesinatos a estas personas desde agosto de 2022, día de instalación de la administración Petro.
De acuerdo con cifras de la instancia de justicia transicional recogidas por Indepaz, desde la refrendación de lo pactado en La Habana (noviembre de 2016) hasta septiembre de 2023 fueron asesinados 385 exintegrantes de la antigua guerrilla que se acogieron al Acuerdo.
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Sin embargo, el Observatorio Paces tuvo registros de 401 reinsertados muertos a manos de diversos grupos armados, por lo que la magistratura de la Sección de Ausencia de Reconocimiento hizo un fuerte reclamo al Gobierno actual por la falta de garantías plenas para la reinserción de los excombatientes.
Luego de los argumentos de la vicefiscal Martha Mancera; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, Hernando Toro, la magistratura formuló varias preguntas a los citados y formuló un duro cuestionamiento ante el alto número de excombatientes asesinados.
El togado Gustavo Salazar criticó el hecho de que se están presentando crímenes como desplazamientos forzados de excombatientes por amenazas de estructuras armadas ilegales, incluyendo reductos de la antigua guerrilla. De hecho, señaló que buena parte de estas afectaciones son causadas por disidencias como el Estado Mayor Central (EMC) que anunció la instalación de una mesa de diálogos con el Gobierno.
“Se puede generar una serie de planteamientos y acciones institucionales que sin duda van de la mano con el proceso de Paz Total, y cuando señala en la normativa la Paz Total, lo primero que dice es la consolidación (...) del proceso de paz suscrito en noviembre de 2016”, explicó el magistrado. De paso, cuestionó con dureza la política de pacificación nacional de la actual administración y el impacto de la disidencia de Iván Mordisco en hechos violentos contra excombatientes.
“Voy a decir algo absolutamente crudo, pero el Estado Mayor Conjunto, las disidencias, en mayor grado, son los responsables de un número importantísimo de crímenes y aquí no está pasando nada. Ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias, por lo menos en el diálogo”, dijo el togado.
Incluso, expresó que ese grupo residual está cometiendo crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir y mucho menos ser merecedores de amnistía o indulto, “ni jurídicamente ni de facto” y que tampoco se puede poner en consideración la puesta en marcha de unos diálogos mientras son asesinados exintegrantes de la antigua guerrilla.
El magistrado Raúl Sánchez también criticó los llamados de la oficina del alto comisionado a disidentes para que dejen de asesinar excombatientes. ”¿Cuántos compromisos ha alcanzado con estas organizaciones de no atentar contra la vida de los firmantes del acuerdo de paz? Exigir algo y quedarse en el papel no es nada”, preguntó al respecto.
“La inacción sigue cobrando la vida de firmantes de paz”: Rodrigo Londoño
El otrora integrante del secretariado de las Farc y ahora vocero del Partido Comunes también hizo un reclamo a la Fiscalía, que expuso como avances las órdenes de captura contra disidentes que traicionaron el acuerdo. También se quejó por la falta de acciones investigativas en 90 municipios del país, donde se cometieron ataques contra población en proceso de reinserción.
“Al interior de la Fiscalía el término ‘esclarecimiento‘ se identifica cuando un juez avala una solicitud de orden de captura como finalización de la etapa de indagación para continuar en las siguientes; lo cual resulta profundamente limitado y anticipado”, expuso Londoño durante su intervención.
Olga Marcela Rico, representante de la colectividad que nació tras la firma del Acuerdo Final, hizo un llamado para consolidar un mecanismo unificado de monitoreo y control en conjunto con la Instancia de Alto Nivel y el Sisep –Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política–.
También reclamó una falta de trabajo articulado entre la Unidad de Investigación, el Cuerpo Élite de la Policía, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el Sisep a pesar de las precisiones sobre las demoras del Estado para implementar el Acuerdo Final.