Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno Petro, escribió el fin de semana una columna en el diario El Tiempo en la que que la reforma agraria es necesaria; sin embargo, también afirma que debe haber mucha concertación en este proceso, y que el Gobierno nacional no entendió lo complejo que es la compra de tierras para campesinos.
En su columna también hizo énfasis en que en primera instancia el acuerdo que firmó el Gobierno con Fedegan para comprarles a los ganaderos 3 millones de hectáreas de tierra para entregarles a los campesinos generó Tranquilidad. “A partir de este acuerdo se generó un clima de confianza que incentivó significativamente la oferta de tierras por parte de este y de otros sectores vinculados a la producción del campo”, aseguró.
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No obstante, también opina que el Gobierno no entendió que tan complejo podría llegar a ser este proceso, debido a que hace parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc y busca solucionar los problemas de tierras, origen del conflicto en el país.
También aseguró que el Presidente en su afán por encontrar una solución rápida a este compromiso del país con los campesinos y empezaron a evaluar una reforma que dejara de lado concertación. “El Presidente perdió la paciencia y sus funcionarios se enfrentaron al siguiente dilema: o se volvían muy eficientes y superaban rápidamente los obstáculos y las debilidades de los instrumentos vigentes o se movían de una reforma agraria concertada a una radical”
A partir de este dilema, como le llamó la exministra López, surgió dentro del Gobierno la solución de hacer expropiaciones expres con las que se buscaba que en un periodo de 21 días un predio pasara a ser de la Agencia Nacional de Tierras. Esto debido a que se busca reglamentar vía decreto el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó este año el Congreso.
Para la exfuncionaria publica esta solución representa un riesgo porque, no habría juez que mediara la decisión, limitando así las garantías de los propietarios. De hecho, a ella no fue la única que no vio este proyecto como una solución, pues José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, también salió a criticar esta medida diciendo, “Según diversos análisis, desde el punto de vista jurídico genera serios cuestionamientos y riesgos que, más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”
Señaló de igual forma que, el decreto que prepara el ministerio en el que ella estuvo al frente hasta finales del mes de abril puede llegar a no ser beneficiosa. “Dada esta negativa surgió ahora la posibilidad de aplicar la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad con un argumento loable, producir alimentos para enfrentar el hambre. Si bien esa figura legal está contemplada para algunos casos, la nueva reglamentación contenida en un proyecto de decreto crea nuevas causales para su aplicación, lo cual corresponde a una decisión del Congreso y no del Ministerio de Agricultura”, sostuvo.
Finalmente expuso que si bien esta figura es legal, de acuerdo con ella, debe ser un recurso limitado que solo se utilice en los casos más graves “Un análisis jurídico de esta reglamentación advierte que “la extinción es una figura que anula los derechos de propiedad por cuanto, su uso debe estar limitado solo a los casos más graves y claros de la violación de la función social y ecológica”, explicó la exministra en su columna.