El Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), ha exigido al ELN que ponga fin al paro armado en el departamento del Chocó. Además, ha rechazado todas las acciones violentas que violan el derecho internacional humanitario (DIH).
En un comunicado, se afirma: “Exigimos al ELN levantar el paro armado y rechazamos estas acciones violatorias del DIH. La OACP ha recibido información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las AGC, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.
Según la OACP, “más de nueve mil personas de comunidades negras e indígenas llevan un mes y medio desplazadas o confinadas debido a las operaciones y confrontaciones armadas en el Chocó”.
Esto ha llevado al Gobierno a exigir al Clan del Golfo y al ELN que permitan de inmediato el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas en los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan, Chocó.
“Impedir a las víctimas de la violencia acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y agrava las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han afectado a la población del departamento del Chocó”, se agrega en el comunicado.
La oficina del comisionado reveló que el lunes, cuando el ELN anunció la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan a familias desplazadas. Sin embargo, a la altura de Bocas del Sipí, la caravana tuvo que detenerse y dar la vuelta al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado.
“Los enfrentamientos y las violaciones al DIH por parte de los grupos armados en la región de los ríos San Juan y Sipí deben detenerse y dar paso a gestos de buena voluntad y construcción de paz”, agrega el comunicado.
9.000 personas en riesgo de hambruna por la guerra entre ELN y Clan del Golfo
Cerca de nueve mil personas en Chocó están confinadas debido a la crisis humanitaria derivada de los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales. El ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) se disputan el control territorial en la subregión San Juan mediante hostigamientos a civiles y declaratorias de paros armados.
En municipios como Sipí la situación es crítica: según el alcalde del municipio, la población que allí reside está secuestrada. La gran mayoría de las 500 personas que viven en la cabecera municipal tuvieron que irse desplazadas sin que haya hasta el momento un mecanismo que les permita el retorno.
En la zona rural viven otras cuatro mil, todas ellas sitiadas por los fuertes y constantes combates entre el Clan del Golfo y esa guerrilla que inició un paro armado (el quinto del año en ese municipio) el 5 de julio. Esto no solo desencadenó el confinamiento, sino también la hambruna, pues ambas estructuras ilegales impidieron el paso de alimentos en los corredores terrestres y fluviales a pesar de que hay ocho puntos de control instalados por la fuerza pública.
Sipí, Istmina, Nóvita y Medio y Litoral de San Juan son las regiones del sur de Chocó afectadas por las restricciones al ingreso de alimentos. De acuerdo con monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, hay por lo menos nueve mil personas que entraron en situación de hambruna debido a que la comida que hay en esas zonas alcanza solamente para tres días.
Para Seguey Palacios, personero de Sipí, si no se mejoran las condiciones de seguridad, los hostigamientos de los dos actores ilegales van a continuar; además, expresó en diálogo con Noticias Caracol que las medidas hasta ahora tomadas para contener la situación son “pañitos de agua tibia”.