El senador de Cambio Radical David Luna presentó los tres argumentos con los que justificó su decisión de radicar una ponencia negativa contra la ley de sometimiento a la justicia y hundir definitivamente el proyecto.
En primera instancia, el senador considera que la iniciativa se aleja de los acuerdos internacionales ratificados por el país, en torno a asuntos vinculados con el narcotráfico y reparación integral. Luna señala que la ley de sometimiento no reconoce los derechos de las víctimas, aunque otorgue beneficios para las organizaciones delictivas que durante años han causado estragos en el país.
En segundo lugar, considera que el proyecto fomenta el “saneamiento” de dinero obtenido por vías ilícitas, garantizando privilegios, a su juicio, desproporcionados, a fin de favorecer a estas corporaciones armadas.
Y el tercer punto es que Luna estima que existe una vulneración en cuanto a separación de poderes y advirtió que es obligación de la Fiscalía informar detalladamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las investigaciones y procedimientos de tipo penal que se están ejecutando.
“Hemos radicado ponencia negativa al proyecto de ley que pretende otorgarle beneficios a narcotraficantes y miembros de bandas criminales que delinquen en todo el país. Este proyecto presentado por el presidente Gustavo Petro pretende darle estatus político a los narcos, además de suspender penas de narcotráfico y lavado de activos”, sostuvo el congresista.
Del mismo modo, planteó que, gracias a la posible aprobación de esta ley, los integrantes encarcelados de las estructuras al margen de la ley salgan en libertad tras 10 años de cárcel, aun cuando hayan estado purgando condenas de hasta 50 años por los delitos cometidos.
Llamó la atención acerca de que las disidencias de las Farc podrían ser beneficiadas por la ponencia, a pesar de haber incumplido los acuerdos generados durante las mesas de diálogo entre Gobierno y guerrilla.
La ley de sometimiento
El proyecto, que todavía no ha sido radicado para su discusión, contempla la sustitución de penas para quienes contribuyan al desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
En la iniciativa no se contempla la figura de la excarcelación. Las penas privativas de la libertad intramural serían de seis a ocho años, más cuatro años de pena supervisada y quienes ya están cumpliendo condenas en la cárcel tendrán que pagar diez años.
El coordinador del proyecto es el senador Ariel Ávila, que discutió el contenido del mismo con el también congresista Iván Cepeda, el ministro de Justicia, Néstor Osuna y el representante a la Cámara, Alirio Uribe.
Ávila aclaró que por ahora no está contemplado radicar este proyecto con mensaje de urgencia, lo cual significará que tendrá cuatro debates.
Uno de los artículos del proyecto plantea que no habrá nuevos jueces ni tribunales en calidad jurídica. Pero tampoco existirán nuevos procedimientos. Además, establece reducción de penas para aquellas personas que contribuyan al desmantelamiento de organizaciones criminales.
Igualmente, considera la conservación del porcentaje de la extinción de dominio, el cual corresponde al 6%. Por último, se creó un apartado para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas.
Por ahora, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha hecho varios llamados al Congreso para iniciar los debates propios de la ley de sometimiento. Lo mismo hizo recientemente con el proyecto de humanización carcelaria, el cual reposa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.