La Procuraduría General de la Nación calificó como preocupante la situación que se presenta en Yondó, Antioquia, ya que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar (PAE) siguen sin recibir el complemento alimentario en las instituciones educativas de ese municipio, transcurridos más de dos meses del inicio del calendario escolar, desde el 16 de enero.
Según informó el Ministerio Público, desde octubre de 2022, la Gobernación de Antioquia suscribió un convenio interadministrativo con esa alcaldía para la vigencia 2023, sin embargo, “cumplidos 85 días desde el inicio de las clases, no se ha reportado el inicio de operación para la prestación del servicio, poniendo en riesgo que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad, las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar”, se lee en el documento compartido por la Procuraduría.
Ante esta situación, la Procuraduría General le solicitó al alcalde de Yondó, Fabián Echavarría Rangel, las razones técnicas, jurídicas y administrativas por las cuales no se ha ejecutado el programa en forma oportuna, así como referenciar el estado actual del proceso de contratación del operador, el número de beneficiarios y la proyección para el inicio de la prestación del servicio.
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El Ministerio Público también señaló que, de igual forma, el mandatario deberá informar los detalles sobre la articulación y coordinación con la Gobernación de Antioquia, así como anexar los documentos que soporten el convenio interadministrativo suscrito con la entidad territorial certificada.
La comunicación emitida por la Procuraduría es de fecha de miércoles 12 de abril de 2023. Hasta el momento, ni la Alcaldía de Yondó ni la Gobernación de Antioquia se han pronunciado al respecto.
Finalmente, la Procuraduría le recordó al alcalde Echavarría Rangel que le corresponde, entre otras funciones, “apropiar y reservar los recursos necesarios para la cofinanciación del PAE, adelantar los procesos de contratación y ejecución, garantizando la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia”.
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Hay que anotar que el 28 de marzo el Ministerio Público anunció la apertura de una indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, y contra los alcaldes de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar por presuntos retrasos en el Programa de Alimentación Escolar.
En dicha indagación también fueron señalados Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente.
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría General solicitó copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial con las fechas de inicio y finalización de calendario escolar y el número de beneficiarios proyectados para PAE.
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