La reunión entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro produjo nuevos acuerdos entre ambos respecto a los proyectos de ley de la política criminal que busca reforma el Gobierno nacional. Entre ellos, cuatro delitos que iban a ser despenalizados se mantendrán.
En la radicación del proyecto que humaniza la política criminal y penitenciaria que radicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el objetivo de solucionar los problemas de hacinamiento carcelario, entre otras situaciones, había generado polémica la eliminación de los delitos de incesto, injuria, calumnia e inasistencia alimentaria.
Tras la reunión del presidente y el fiscal, se acordó mantener la penalización de esas conductas. Barbosa confirmó que llegaron a acuerdos para modificar la ponencia del proyecto de ley, tanto ese aspecto, como en las consideraciones respecto a pequeños cultivadores de plantas de uso ilícito.
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“Dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco la despenalización del incesto ni de la inasistencia alimentaria ni de la injuria y la calumnia. Creo que ahí hay una posición interesante, y se van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia que tenga, además con un diálogo en el Congreso, un muy buen proyecto que tenga que ver con una mejora del sistema carcelario”, sostuvo Barbosa tras la visita a la Casa de Nariño.
El proyecto de ley plantaba que el delito de incesto buscaba proteger dos ideas de familia basado en la moral pública, a partir de una expresión de tabú, por lo que el derecho penal no era la mejor forma de regularlo.
Una situación similar a la de los delitos de injuria y calumnia que, para el Ministerio de Justicia, protegían la integridad moral pero no estaban bien definidos en la ley; por lo que llevaban a que los procesos no terminaran en etapa de juicio y en cambio sí llevaban altos costos de defensa.
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En cuanto a la inasistencia alimentaria, el proyecto establecía que las denuncias por este delito congestionan el sistema judicial y requieren de grandes capacidades que debilitan la atención de otras conductas de mayor gravedad contra la vida y la integridad. Argumentaba que la jurisdicción de familia tenía mejores capacidades para dirimir esos conflictos, que la penal.
Estos delitos, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la Fiscalía, se mantendrán en Código Penal y por tanto serán competencia del ente investigador y los jueces para avanzar en las denuncias que se presenten. A menos que durante el debate en el Congreso de la República, los congresistas decidan revivir el debate y eliminar esas conductas delictivas.
Las principales preocupaciones del fiscal Barbosa en el proyecto de ley de humanización de la política carcelaria eran acerca de la cadena del narcotráfico. El Ministerio de Justicia había planteado que los campesinos productores de cultivos de uso ilícito pudieran ser beneficiarios de suspensión de la pena si se acogían a programas de tránsito a la legalidad.
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Para el fiscal, como lo había dicho públicamente, se trataba de beneficios para el narcotráfico en su integridad. “Se llegó a la conclusión de que solamente se va a limitar en la ponencia del proyecto el tema de pequeños cultivadores en lo relativo a cultivos, nada que tenga que ver con precursores químicos para cocaína, heroína u otras drogas”, señaló el fiscal tras la reunión con el presidente.
”Me siento muy satisfecho de que se haya escuchado a la Fiscalía General de la Nación”, concluyó Barbosa. Aseguró que está de acuerdo en mantener beneficios judiciales para los pequeños cultivadores que el Gobierno nacional considera el actor más débil de la cadena del narcotráfico y al que las sanciones penales le caen con mayor fuerza, de manera desproporcional.