El jueves 16 de febrero el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0227 de 2023. Este le permite asumir el control de todos los servicios públicos del país. Dicha labor no la tenía un mandatario nacional desde 1994, ese año se le delegó la responsabilidad a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La intención del jefe de Gobierno, en sus palabras, será defender a los usuarios; pero, se prevé una serie de cambios a las entidades mencionadas, así como un ajuste tarifario, el cual tiene sumido en la incertidumbre al sector, no solo por las salidas que esto generaría entre sus funcionarios, sino porque puede generarse una desfinanciación y desabastecimiento.
El Decreto 0227 del 2023 señala que el presidente podrá:
La iniciativa fue firmada y aprobada por 3 ministros: José Antonio Ocampo (Hacienda), Irene Vélez (Minas y Energía) y Catalina Velasco (Vivienda). A estos se suman el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván Gonzales Borrero.
En el Artículo 3 detalla las disposiciones regulatorias que facultará el presidente. El inciso D detalla que entre todos los demás se incluyen los criterios del régimen tarifario, la redistribución, y suficiencia financiera de los servicios y el sector en general. Esto lo podrá hacer bajo sus propios medios, o si Petro lo solicita, les preguntaría a las comisiones regulatorias (que fueron las que perdieron dichas funciones) y/o demás entidades o empresas del sector involucradas.
Si bien esto ha generado cierto temor e incertidumbre, el Gobierno ha empezado a mandar mensajes de tranquilidad. El superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, dijo que no es cierto que se vayan a bajar las tarifas, directamente, lo que hará el presidente es rediseñar las metodologías con las que se fijan los precios:
El superintendente agregó que una de las motivaciones de la decisión fue lo sucedido con el denominado “Pacto por la Justicia Tarifaria”. Este pretendía bajar los precios en los servicios de energía, pero, no ha dado los resultados que esperaba el Gobierno.
Es allí donde surge el cambio de metodologías, y es donde el sector entra en la incertidumbre, pues podrían omitirse ciertos parámetros técnicos y reglamentarios, que incluso podrían ser inconstitucionales, como el mismo Decreto 0227.
Conozca cómo funciona la metodología actual y como podría cambiar
A finales de enero, cuando Gustavo Petro hizo evidente su intención de asumir el control de los servicios públicos, el superintendente encargado del sector, Dagoberto Quiroga Collazos, aseguró que se garantizará la prestación de dichos encargos, pero con un costo razonable.
El primer paso sería revisar los criterios técnicos, los cuales determinarán el cálculo y formulación de las tarifas. Según la Superservicios, en el caso de la energía, el modelo no se ha revisado desde 1994.
La idea se mantiene igual, hasta después de la expedición del decreto, por lo que se convocarán unas reuniones técnicas que, entre otras cosas, buscará disipar la incertidumbre y temores, con la intención de mitigar el riesgo futuro de las decisiones que se tomarán. Extraoficialmente se dio a conocer que este sería el primer punto de la discordia, pues el presidente podría solicitar unos conceptos puntuales, y en caso de no emitirse, podrían generar salidas de las comisiones técnicas.
Luego de estas reuniones, se realizarían otros encuentros con las empresas prestadoras. Con esos dos conceptos, por decirlo de alguna manera, se convocan a los representantes de los usuarios, los cuales detallarán observaciones o le darán el visto bueno.
Hasta el momento, tanto la Creg como la Cra inician creando lo que se denomina un componente técnico, que básicamente pone a discusión los factores internos o externos que modificarían los componentes de la ecuación que fija las tarifas. Esto se socializa ante los agentes del sector que emiten un concepto.
Las comisiones reciben los comentarios y hace los respectivos ajustes, basado en los conceptos entregados, para que posteriormente se expida la resolución y se haga el respectivo ajuste tarifario.