El 17 de enero inició la primera caravana humanitaria por los sectores Bajo Calima y Medio San Juan, en Cali. Este fue entendido como el primer paso en la implementación de los alivios humanitarios acordados en el primero ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional —ELN—. Cinco días duró ese recorrido hecho por integrantes de ambas delegaciones, en los cuales dialogaron con comunidades indígenas y negras de esas dos regiones y escucharon sus reclamos y necesidades.
Desplazamiento, abandono estatal y violencia son algunos de los factores que más han afectado sobre todo a integrantes de la comunidad indígena wounaan, cuya historia se ha centrado en las orillas del río San Juan, el cual han tenido que dejar de lado por cuenta del conflicto y sus consecuencias. Sus territorios han sido reemplazados por albergues temporales que impiden el desarrollo de sus tradiciones y el crecimiento de las nuevas generaciones cerca de ese afluente.
En total, 28 familias del resguardo wounaan de Guayacán terminaron en el albergue Arcesio Paz, dirigido por la Arquidiócesis de Cali en Dagua, Valle del Cauca. Luego de varios meses de caminata por Buenaventura, estas 155 personas lamentaron que por culpa de la violencia ahora sus hijos —y ellos mismos— tienen que depender en muchas ocasiones de limosnas, cuando en sus territorios vivían sin tener que pedirle algo a alguien.
Este y otros casos fueron recogidos por la caravana que estuvo integrada por 100 personas. Además de los miembros de ambas delegaciones, hicieron parte de ella líderes sociales y comunales del río San Juan y del Bajo Calima, así como integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, organizaciones representantes de la comunidad wounaan, colectivos de víctimas, agentes de la comunidad internacional —Naciones Unidas y Mapp-OEA— e integrantes de las iglesias católica y protestante.
Los reclamos no solo fueron de los wounaan que fueron desplazados y están en albergues, sino también de otros grupos poblacionales. Concretamente, hicieron dos pedidos: el primero fue a los grupos armados para que cese la violencia en estas subregiones del Pacífico colombiano.
El segundo, dirigido al Gobierno nacional, estuvo enfocado en la seguridad alimentaria, así como atención psicosocial. De hecho, varios de los compromisos alcanzados luego de estos recorridos estuvieron enfocados en esos dos temas.
De acuerdo con lo pactado previo al inicio de la caravana, el objetivo de esta es “realizar un diagnóstico inicial de la situación humanitaria en esa región, con el objeto de establecer cuáles son las condiciones para que, en un horizonte cercano, las comunidades puedan salir del confinamiento”, indicaron en un pronunciamiento emitido el 17 de enero. En ese sentido, manifestaron que el objetivo de reconocer los casos de desplazamiento tiene el fin de que las comunidades puedan retornar a sus espacios bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad”.
También ambas partes acordaron tener en cuenta las exigencias de las comunidades “de cara a los actores armados que hoy están en su territorio”. Una vez finalizado ese recorrido, los delegados de la guerrilla y el Gobierno nacional sistematizarán los datos recogidos en campo y con ellos presentarán un informe que servirá como primer insumo para la entrega de alivios humanitarios.
Vale indicar que, con respecto a los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno nacional, el segundo ciclo se llevará a cabo en México el lunes 13 de febrero.
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