El 62% de los latinoamericanos cree que la corrupción aumentó en su país en el últimos año; el 25%, que se mantuvo igual, y el 10% evalúa que disminuyó, según la encuesta anual de la organización Transparencia Internacional.
Según esos datos, México figura al tope del índice de soborno en América Latina y el Caribe, seguido por República Dominicana, Perú, Venezuela y Panamá.
El ranking se elabora de acuerdo al porcentaje de personas encuestadas que reconocen haber tenido que pagar un soborno para acceder a algún servicio público.
En concreto, la pregunta que hacen los encuestadores de Transparencia Internacional es: "¿Cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer una favor a un docente o a un funcionario escolar; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía, un juez o un funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca?".
Así, el 51% de los mexicanos reconoce haber tenido que pagar soborno en los últimos 12 meses, lo mismo que el 46% de los dominicanos, el 39% de los peruanos y el 38% de los venezolanos y panameños. En el otro extremo de la tabla, apenas el 11% de los brasileños y el 10% de los argentinos dicen haber pagado un soborno en el último año. Una incógnita legítima es si efectivamente no lo han hecho o simplemente no lo reconocen ante el encuestador.
¿Qué tan bien o tan mal está actuando su gobierno en la lucha contra la corrupción?
Otra parte del trabajo apunta a conocer la percepción general sobre lo que está ocurriendo en el país, más allá de la experiencia personal. Así, Venezuela encabeza ese ranking, ya que un 87% de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado en el país en el último año. Lo siguen Chile (80%), Perú (79%) y Brasil (78%). En el otro extremo de la tabla, "solo" el 41% de los argentinos cree que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses.
¿Cuáles son los servicios públicos más afectados por la corrupción en América Latina? El 20% reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a la atención médica en un hospital público; un 18% lo tuvo que pagar en la escuela pública; un 17% para acceder a algún documento de identidad; un 16%, a la policía; un 14%, para acceder a servicios como agua, gas o electricidad, y un 12%, en los tribunales.
LEA MÁS: