El Ministerio de Sanidad ha informado de que un total de 574 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España durante el año pasado, lo que supone un 35,7 por ciento más que las 423 contabilizadas en 2024, curso en el que se registraron 983 solicitudes para ello, por las 1.284 de 2025, un 30,6 por ciento más.
El 'Informe Anual 2025 sobre la Prestación de Ayuda para Morir', basado en la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), durante su quinto año desde su aprobación, muestra que, desde la entrada en vigor de la norma, y sin contar el tiempo transcurrido de 2026, se han realizado 1.698 prestaciones, con 3.896 solicitudes.
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Ahondando en las solicitudes realizas el año pasado, que han supuesto una tasa de 31,2 por millón de habitantes mayores de edad, se distingue entre las registradas durante 2025 y los procedimientos que llegaron a término en ese ejercicio. Así, de los 1.219 finalizados, 1.052 correspondían a solicitudes presentadas ese mismo año y 167 a peticiones de años anteriores, mientras que el 50,5 por ciento eran mujeres y el 49,5 por ciento, hombres.
Con base en ello, se constata que los 574 procedimientos que concluyeron con la realización de la prestación de ayuda para morir suponen el 47,1 por ciento del total; mientras que 382 finalizaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación (31,3%); 165, con la denegación de la solicitud (13,5%); y 98, con su revocación (8%).
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Además, se recoge que, de los procedimientos finalizados, el 79,8 por cientos correspondió a personas de 60 o más años y el 91,7 por ciento a ciudadanos de 50 o más, siendo el grupo más numeroso el de 80 o más años, que representó el 29,3 por ciento del total, situándose la edad media en 70,6 años. Las enfermedades oncológicas y neurológicas fueron las patologías de base más frecuentes entre las personas cuyos procesos finalizaron, y es que las primeras representaron el 36,5 por ciento de los casos y las segundas, el 31,3 por ciento, de manera que juntas concentraron cerca del 68 por ciento.
En cuanto al procedimiento en sí, se constata que en 71 procedimientos finalizados (5,8%), la tramitación se había iniciado mediante un documento de instrucciones previas o equivalente, conforme a lo previsto en la ley para las personas que ya no disponen de capacidad de hecho para expresar su voluntad. También se muestra que de las 574 prestaciones realizadas, un total de 292 tuvieron lugar en hospitales (50,9%), 201 en el domicilio de la persona solicitante (35%) y 81 en centros sociosanitarios, principalmente residencias (14,1%); así como que la modalidad más frecuente fue la administración directa por parte de sanitarios, utilizada en 563 casos (98,1%), mientras que en las 11 restantes (1,9%), la sustancia fue autoadministrada por la propia persona solicitante.
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DENEGACIÓN Y REVOCACIÓN
La denegación de solicitudes también ha sido reflejada en el informe de Sanidad, que arroja que en 2025 finalizaron 165 procedimientos por el rechazo de la solicitud, lo que representa el 13,5 por ciento de los procesos concluidos. Las distintas instancias que intervienen en la evaluación emitieron 188 pronunciamientos desfavorables, que dieron lugar a 72 reclamaciones ante las Comisiones de Garantía y Evaluación, de las que 20 fueron estimadas favorablemente, el 28 por ciento del total.
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Asimismo, 98 procedimientos finalizaron por revocación, el 8 por ciento de los procesos concluidos, y se contabilizaron 76 casos en los que la persona solicitante decidió aplazar la prestación después de haber obtenido una resolución favorable, cifra que representa el 11,1 por ciento de los 683 procedimientos aprobados.
El tiempo medio transcurrido entre la primera solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación es otro aspecto analizado, siendo de 46,5 días, con una mediana de 39. Además, el plazo medio entre la petición inicial y la realización efectiva de la prestación fue de 72,4 días, con una mediana de 57, tiempos que incluyen los procedimientos con reclamaciones y aquellos en los que la persona solicitante decidió aplazar la prestación.
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Por último, la evaluación anual en la materia expone que la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir permitió que 205 personas recibieran un trasplante durante 2025. En total, 73 ciudadanos fueron donantes efectivos tras recibir la prestación, lo que representa el 12,7 por ciento de las 574 prestaciones, mientras que, desde junio de 2021, un total de 227 personas han donado sus órganos tras el proceso, lo que ha permitido que 647 pacientes recibieran un trasplante.
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