
Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para acelerar la autorización de proyectos de energías renovables, redes eléctricas e instalaciones de almacenamiento y recarga, con plazos más cortos y la posibilidad de dar por aprobados determinados trámites si las autoridades no responden a tiempo, en un intento de reducir los retrasos que actualmente dificultan la construcción de estas infraestructuras en Europa.
El pacto, cerrado en la madrugada de este miércoles, busca eliminar "demoras innecesarias" y facilitar la conexión de nuevas instalaciones a la red, según ha explicado el Consejo, que considera que agilizar estos procedimientos contribuirá a reforzar la seguridad energética europea y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
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En concreto, las nuevas normas establecen un máximo de tres meses para autorizar instalaciones solares y sistemas de almacenamiento asociados, excluido el hidrógeno, y de seis meses para las baterías independientes y los puntos de recarga, mientras que las centrales hidroeléctricas que almacenan energía mediante bombeo podrán disponer de hasta dos años.
Por su parte, las solicitudes para conectar estos proyectos a la red eléctrica deberán resolverse en un plazo de tres meses, ampliable a seis en casos justificados, aunque se contemplan excepciones para los sistemas aislados o de pequeño tamaño, como los existentes en algunas regiones ultraperiféricas.
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El acuerdo también permitirá a los Estados miembro dar prioridad a las renovables y las infraestructuras eléctricas al considerarlas de "interés público superior", lo que facilitará su aprobación cuando entren en conflicto con otros intereses, salvo en casos debidamente justificados relacionados con la seguridad, la defensa o la protección del patrimonio cultural.
Además, prevé la creación de portales digitales para presentar las solicitudes y realizar las gestiones desde un mismo lugar, con el objetivo de simplificar los procedimientos y hacerlos "más rápidos y transparentes".
A estas medidas se suma la obligación de que los promotores de instalaciones renovables de más de siete megavatios compartan parte de los beneficios económicos con las comunidades locales que las acogen o resultan afectadas, frente al límite de diez megavatios planteado inicialmente. No obstante, quedarán exentas las iniciativas desarrolladas por comunidades de energías renovables.
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Asimismo, las nuevas reglas permitirán instalar determinados equipos solares de pequeña escala, sistemas de almacenamiento y puntos de recarga sin necesidad de solicitar permisos cuando su capacidad no supere los 200 kilovatios, el doble del umbral anterior. También quedarán exentas de autorización administrativa las estaciones de recarga de hasta un megavatio situadas sobre estructuras artificiales.
La reforma pretende responder a los largos tiempos de espera que afectan al sector energético europeo. Según los datos recogidos por ambas instituciones, las redes de transporte de electricidad tardan alrededor de diez años en completarse, de los cuales más de la mitad se destinan a conseguir las autorizaciones necesarias, mientras que los permisos para instalaciones renovables pueden demorarse hasta nueve años.
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El texto todavía deberá recibir el visto bueno del plano del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su aprobación definitiva. Una vez adoptado, los países dispondrán de 18 meses para incorporar las nuevas disposiciones a sus legislaciones nacionales.
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