
El congresista estadounidense Ritchie Torres presentará la Ley de Poder para los Jugadores, una legislación con la que pretende garantizar que los jugadores sean dueños de los videojuegos que compran, frente al modelo actual de licencias que, asegura, es "un alquiler disfrazado de venta".
El mayor peso de lo digital en la industria del entretenimiento ha modificado el modelo de negocio, que ha apostado por el pago por licencias que permiten acceder a juegos y servicios 'online' frente al basado en la compra de un disco o cartucho físico que contiene el juego completo.
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El modelo digital no convierte al jugador en dueño de lo que compra ni le otorga acceso permanente al juego, ya que sus posibilidades de seguir jugando quedan limitadas a la voluntad de la empresa desarrolladora o editora, que puede decidir no continuar con su mantenimiento y cerrar los servidores que lo sostienen.
Para revertir esta situación, en Estados Unidos, Ritchie Torres, el representante para el distrito 15 del Congreso de Nueva York por el Partido Demócrata, ha anunciado que presentará una ley que obligue a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a "proteger la capacidad de los consumidores para poseer y jugar los videojuegos que compran".
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"Los consumidores deben tener derecho a poseer, a jugar y a transferir los juegos que compran. Un juego que se puede retirar en el momento en que una compañía cierra no es una compra. Es un alquiler disfrazado de venta", ha asegurado Torres en un comunicado.
El congresista ha puesto como ejemplo de esta situación el videojuego NBA 2K25, que se puso a la venta en septiembre de 2024 por un precio de 69,99 dólares para la edición estándar y por 99,99 dólares para la edición All-Star (con contenidos adicionales). El próximo 30 de octubre dejará de esta a la venta en las tiendas digitales y los servidores 'online' cerrarán el 31 de diciembre.
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Para garantizar que los juegos que se compran son una propiedad y no una licencia para jugar, el proyecto de ley (llamado Ley de Poder para los Jugadores) pretende obligar a las empresas a ofrecer un modo sin conexión que permita seguir jugando cuando se efectúe el cierre de los servidores.
Esta reclamación no es nueva. La iniciativa ciudadana 'Stop Killing Games', nacida en la Unión Europea como 'Stop Destroying Videogames' y que posteriormente se extendió a Estados Unidos, denunció la obsolescencia planificada de los videojuegos, que se venden sin una fecha de expiración explícita, pero que están diseñados para dejar de ser jugables cuando cesa su soporte.
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También reivindicó evitar la desactivación en remoto "sin antes proporcionar medios razonables" para que los videojuegos sigan funcionando sin la aplicación del distribuidor.
En su respuesta a esta iniciativa, Bruselas aseguró que no tiene base para proponer cambios legislativos que obliguen a los estudios de videojuegos a ofrecer formas de preservar sus títulos tras el cierre de servidores, pero que buscará el diálogo con la industria para diseñar un "código de conducta" voluntario que aborde "cómo gestionar el final del videojuego".
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La situación se agrava ante el anuncio hecho por Sony este verano, por el que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero del año 2028.
Microsoft no se ha pronunciado al respecto todavía, pero este verano facilitó a los usuarios de Xbos una herramienta para convertir los juegos físicos en digitales dentro de su biblioteca. Nintendo, por su parte, ha asegurado que no tiene planes de momento para abandonar los juegos físicos.
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Un ejemplo de juego que ha sabido ofrecer una alternativa sin conexión a internet es Animal Crossing: Pocket Camp Complete, la respuesta de Nintendo al cierre de los servicios en línea de Pocket Camp en noviembre de 2024. El juego está disponible como una 'app' para iOS y Android y bajo un pago único, y mantiene el el acceso a la mayoría de los objetos y eventos que han formado parte del juego durante siete años.
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