Nueve exagentes del FBI denuncian despidos ilegales por su participación en la investigación sobre Trump

Nueve antiguos empleados del FBI han presentado una demanda conjunta contra la agencia, su director, Kash Patel, el fiscal general, Todd Blanche, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos al considerar que fueron despedidos de forma improcedente por su participación en la investigación del ex fiscal especial Jack Smith sobre los documentos clasificados que Donald Trump conservó tras abandonar la Casa Blanca en 2021.

Los demandantes, entre ellos agentes especiales, analistas de Inteligencia y especialistas en operaciones de contrainteligencia, fueron cesados en febrero de este año en un intervalo de apenas dos días. La denuncia, de 70 páginas y presentada ante el tribunal federal del distrito de Columbia, sostiene que las destituciones respondieron a una represalia política y no a motivos profesionales.

El escrito expone que los trabajadores fueron "despedidos ilegalmente", no por ninguna "causa ni motivo legítimo", sino como una "venganza" personal de Trump. Asimismo, denuncia la ausencia de investigaciones internas, procedimientos disciplinarios, notificaciones previas o posibilidades de apelación. Según los afectados, Patel justificó las decisiones amparándose en el artículo II de la Constitución estadounidense, relativo a los poderes del Ejecutivo.

La demanda se apoya además en declaraciones públicas de altos cargos de la Administración. Blanche, que ocupaba el puesto de fiscal general adjunto cuando se produjeron los ceses, aseguró que el Gobierno había "limpiado la casa" en el FBI al apartar a trabajadores vinculados a investigaciones que afectaban a Trump.

EL ACCESO A LOS EXPEDIENTES, EN EL CENTRO DE LA DENUNCIA

El documento incorpora nuevos detalles sobre los acontecimientos previos a los despidos. La entonces responsable de la sección de contrainteligencia, Jennifer Bacon, supo que iba a ser cesada después de que el agente Miles Starr solicitara acceso urgente a los archivos clasificados de la operación 'Plasmic Echo', nombre en clave de la investigación sobre los documentos de Trump.

Según la denuncia, Starr, integrante del equipo asesor de Patel, pidió el 23 de febrero al subdirector del FBI, Roman Rozhavsky, autorización para consultar los expedientes siguiendo instrucciones del director. Bacon le facilitó el acceso a los archivos, salvo a un subexpediente en concreto. La demanda afirma que la documentación consultada incluía los nombres de los nueve afectados y que los despidos se produjeron menos de 48 horas después.

La investigación se remonta a agosto de 2022, cuando agentes federales registraron la residencia de Trump en Mar-a-Lago y recuperaron más de un centenar de documentos clasificados. Un año después, el equipo de Smith presentó más de una treintena de cargos contra el entonces expresidente por la presunta retención de esos archivos y los intentos de impedir que el Gobierno los recuperara.

El procedimiento fue desestimado por una jueza federal al considerar ilegal el nombramiento de Smith como fiscal especial. Tras la victoria electoral de Trump en 2024, el Departamento de Justicia retiró formalmente su recurso contra esa decisión.

Estos nueve exfuncionarios se suman así a otros antiguos trabajadores del FBI y del Departamento de Justicia que han recurrido a los tribunales tras ser despedidos. Sus abogadas, Margaret Donovan, Abbe Lowell y Rebecca Tinio, han defendido que sus clientes acumulan más de un siglo de experiencia profesional conjunta y que han participado en investigaciones sobre filtraciones de información de seguridad nacional, amenazas contra el país y atentados como el de la maratón de Boston.

"A cambio de su servicio, fueron despedidos por hacer su trabajo, como siempre lo hicieron, siguiendo los hechos y la ley sin sesgos ni favoritismos", han afirmado en un comunicado conjunto recogido por la cadena CBS.

Por el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia se han pronunciado sobre la demanda.