Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Autoridades mexicanas desmantelaron este viernes una fábrica clandestina de cigarrillos en el Estado de México, donde decomisaron 60 toneladas de producto ilegal y detuvieron a tres hombres, dos de ellos extranjeros, informó el Gabinete de Seguridad.
El operativo se realizó en un inmueble del municipio de Huixquilucan que, según las investigaciones, era utilizado para la fabricación y distribución de cigarrillos ilegales.
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Durante el cateo, las fuerzas de seguridad aseguraron más de dos millones de cigarros, otras 102.000 cajetillas, cuatro máquinas utilizadas para su elaboración y producción, así como cajas con tabaco, filtros y diversos materiales empleados para fabricar y empaquetar el producto.
También fueron decomisados dos vehículos y el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.
En la operación fueron detenidos tres hombres de 46, 49 y 60 años, dos de ellos de nacionalidad extranjera, aunque las autoridades no precisaron sus países de origen.
Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
El operativo ocurre en medio de las acciones de las autoridades mexicanas contra el comercio ilegal de tabaco, que durante los últimos meses han dejado decomisos millonarios en distintos puntos del país.
En agosto, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Marina y el Gabinete de Seguridad aseguraron en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México unos 5,8 millones de cigarros ilegales procedentes de Asia.
Mientras que en septiembre las autoridades decomisaron otros 8,78 millones de cigarrillos presuntamente ilegales en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán.
Previamente, la Marina había informado que entre septiembre de 2025 y enero de 2026 decomisó en el aeropuerto capitalino más de 88 toneladas, equivalentes a 55 millones de cigarrillos ilícitos, con un valor estimado superior a 400 millones de pesos (unos 22 millones de dólares al cambio actual).
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Las autoridades mexicanas vinculan este mercado ilegal con la evasión fiscal, riesgos para la salud pública y redes de contrabando.
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