Nueva York, 24 sep (EFE).- Amnistía Internacional denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos (DD. HH.) en operaciones migratorias federales en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.
La ONG así lo concluyó tras investigar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales en esas operaciones, realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales.
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Los resultados de la pesquisa están contenidos en un informe de 130 páginas, publicado hoy bajo el título "Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE".
Las violaciones de DD. HH. constatadas por la ONG incluyen discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial, indica un sumario.
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También "represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada".
Según AI, el sistema de detención y deportación masivas del Gobierno de Donald Trump está impulsado por "discursos falsos, xenófobos y racistas" y "teorías de supremacía blanca", y dirigido "al mayor número posible de personas racializadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas".
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En ese sentido, detalla que las operaciones en las cuatro urbes se basaron en acciones discriminatorias por motivos raciales, lo que derivó en detenciones arbitrarias, y fueron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de los agentes federales.
En concreto, AI enumera como ejemplos de uso ilegítimo de la fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, y Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington DC.
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"Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", señala el documento.
Asimismo, denuncia la represión de protestas y el uso de armas de letalidad reducida como gas lacrimógeno y 'spray' de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores o manifestantes, así como el uso de tecnologías de reconocimiento facial que violan el derecho a la privacidad.
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En cuanto a las detenciones, AI observa un "patrón generalizado" de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para detenciones prolongadas, en algunos casos en "condiciones inhumanas" y con "coacción", que asegura pueden constituir "tortura".
También documenta que a los detenidos se les negó el acceso a asistencia jurídica y a sus familiares, que a los abogados se les impidió contactarles y que, a veces, el ICE rechazó a confirmar si tenían a alguien bajo custodia o revelar su paradero, lo que constituye "detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada".
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Las violaciones de DD. HH. no se atribuyen a las conductas individuales de agentes, a la formación insuficiente ni la falta de supervisión, agrega, sino a un entorno institucional "apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump", incluyendo la falta de rendición de cuentas.
Para la ONG, la "magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos", por eso concluye que el "fundamental desmantelamiento" del ICE es "necesario" para adaptar el sistema a las obligaciones internacionales.
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Por último, destaca que los operativos "crearon un clima generalizado de temor que se extendía por las comunidades migrantes" y más allá, con mucha gente retirada de la vida pública, lo que alteró la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios. EFE
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