Reino Unido, Australia y Canadá lamentan la negativa israelí a investigar el ataque al convoy de WCK

Las autoridades de Reino Unido, Canadá y Australia han señalado este viernes que ven "vergonzoso" el rechazo de Israel a abrir una investigación por la vía penal sobre el bombardeo en abril de 2024 al convoy humanitario de World Central Kitchen (WCK) en Gaza, donde murieron siete trabajadores humanitarios, entre los que se encontraban ciudadanos de los tres países.

"En los más de dos años transcurridos desde entonces, hemos estado presionando para que Israel examine el caso de forma rápida y exhaustiva y exija responsabilidades a los culpables. El anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del 19 de agosto de 2026 de que no llevarían a cabo investigaciones penales sobre este ataque, sin dar más explicaciones, es vergonzoso", han denunciado en un comunicado conjunto.

En esta línea, los tres países han incidido en que Israel haya hecho pública su decisión de no investigar el ataque en una fecha en que se celebra el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, "mientras el mundo rendía homenaje al valor y al sacrificio de los trabajadores humanitarios", lo cual, han considerado "fue especialmente atroz".

"Esta decisión es insuficiente y llega demasiado tarde. Las víctimas de este incidente y sus familias merecen justicia y que se rindan cuentas, y seguiremos buscando respuestas en su nombre", han asegurado, en una nota en la que han lamentado que el ataque al convoy de WCK es "uno de los inmurables" sucesos perpetrados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza por los que "no se ha exigido rendición de cuentas".

Reino Unido, Canadá y Australia han recordado que el enclave palestino "sigue siendo el lugar más mortífero" para los trabajadores humanitarios, quienes "siguen arriesgando sus vidas" para ayudar a la población civil, y es que 186 fueron asesinados el año pasado.

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, ha condenado la decisión y ha recalcado que "seguirá presionando para que se lleve ante la Justicia a los responsables" de aquel ataque en el que murió un ciudadano canadiense, Jacob Flickinger.

Así, ha expresado en un comunicado que se produjeron "graves fallos" a la hora de perpetrar el ataque en cuestión contra el convoy de la ONG del chef español José Andrés. "Es necesario que haya justicia para los siete trabajadores muertos y sus familiares", ha apuntado.

"Cerrar el caso sin mayor rendición de cuentas deja a sus familias sin las respuestas que han buscado durante más de dos años. Los trabajadores humanitarios que entregan alimentos y ayuda vital en zonas de conflicto deben ser protegidos", ha recalcado. "Canadá espera que se respete el Derecho Internacional", ha añadido.

Sus palabras llegan después de que la Fiscalía Militar de Israel descartara abrir una investigación al considerar que lo sucedido no constituye un delito por la vía penal.

Sin embargo, las propias fuerzas de seguridad sí admitieron en su investigación interna que varios fallos graves llevaron a los soldados a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy, pero han argumentado que WCK no informó al Ejército sobre la presencia de personal de seguridad armado en el convoy, que además se desvió de la ruta acordada.

ISRAEL DEFIENDE QUE YA TOMÓ "MEDIDAS DISCIPLINARIAS"

El Gobierno de Israel ha respondido este viernes defendiendo que han sido las autoridades fiscales militares "independientes" quienes decidieron no abrir una investigación, "basándose en estrictas consideraciones profesionales y jurídicas".

La medida, ha asegurado el Ministerio de Exteriores, "se fundamenta en el umbral legal requerido para iniciar una investigación penal, que se da cuando existe una sospecha razonable de conducta delictiva".

La cartera diplomática ha defendido además que Defensa ya tomó "importantes medidas disciplinarias y de mando" tras una investigación iniciada, según ha destacado, "inmediatamente" después ataque.

"Israel, profundamente comprometido con el Derecho Internacional, somete sus operaciones militares a un riguroso escrutinio jurídico, incluyendo normas que superan las aplicadas por muchas fuerzas armadas occidentales en conflictos recientes", ha asegurado.