Ciudad de México, 13 abr (EFE).- Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, colectivos campesinos y un centenar de personas académicas y activistas exigieron este lunes la publicación inmediata del Reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), a dos años de su promulgación en México.
En un pronunciamiento nacional, las organizaciones advirtieron que la ausencia del Reglamento impide la implementación efectiva de la ley y retrasa la construcción de una política alimentaria capaz de responder a los desafíos actuales del país, así como a los compromisos internacionales en materia de derecho humano a la alimentación.
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También, señalaron que durante más de tres décadas, el modelo neoliberal y la llamada Revolución Verde provocaron el empobrecimiento y abandono del campo, una creciente dependencia de importaciones alimentarias y efectos negativos en el medio ambiente y la salud pública, derivados del uso intensivo de agrotóxicos.
Frente a este contexto, destacaron la resistencia histórica de pueblos originarios, movimientos campesinos y organizaciones sociales en defensa del territorio, la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación adecuada.
Como resultado de estas luchas, subrayaron avances como las reformas constitucionales a los artículos 4 y 27, así como la adopción de políticas públicas relevantes, entre ellas el etiquetado frontal de advertencia y la regulación de entornos escolares saludables, además de la propia LGAAS.
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Las organizaciones firmantes consideraron que esta ley constituye uno de los marcos legales más avanzados en la materia, al establecer bases para promover la autosuficiencia alimentaria, fortalecer sistemas productivos sostenibles y crear mecanismos de coordinación intersectorial y participación social.
No obstante, alertaron que instrumentos clave previstos en la ley, como el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Sinsamac), permanecen sin activarse debido a la falta del Reglamento.
Las organizaciones indicaron que esta omisión deja a la población expuesta a una crisis alimentaria y de salud pública, caracterizada por inseguridad alimentaria, malnutrición, altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas, así como riesgos asociados al uso de agroquímicos.
Ante esta situación, exigieron la publicación inmediata del Reglamento como condición indispensable para la aplicación efectiva de la ley; garantizar disposiciones claras sobre etiquetado e información alimentaria.
Además de armonizar el Reglamento con las reformas constitucionales sobre la protección de los maíces nativos y la prohibición del maíz genéticamente modificado en su centro de origen; instalar de forma urgente el Sinsamac y los órganos de participación ciudadana; y establecer mecanismos que aseguren transparencia y eviten conflictos de interés.
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Asimismo, advirtieron que la publicación del Reglamento no debe verse frenada por presiones ajenas al interés público ni por disputas internas en el gobierno.
Finalmente, informaron que el pronunciamiento permanece abierto para que más organizaciones, instituciones académicas y personas se sumen a la exigencia, y subrayaron que la plena implementación de la ley es fundamental para garantizar la salud de la población, fortalecer la soberanía alimentaria y proteger el patrimonio biocultural del país. EFE
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