El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, cuestionó este lunes la determinación del mandatario Rodrigo Paz de desplegar a las Fuerzas Armadas para resguardar las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el objetivo de combatir lo que denominó un “acto deliberado de sabotaje” contra la calidad del combustible.
“Militarizando no se solucionan problemas estructurales como la corrupción, la mala gestión, la transparencia, la calidad en la distribución del combustible”, señaló Lara y subrayó que “los fusiles y las botas no son una solución”.
La determinación del presidente surge luego de que se denunció que la mala calidad de la gasolina está afectando a los vehículos. El Gobierno admitió que, pese a los controles realizados, distribuyó combustible contaminado con residuos tóxicos que quedaban en los tanques heredados de la gestión anterior y activó un seguro para resarcir los daños.
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En paralelo, YPFB anunció el domingo la adquisición de aditivos especializados para mejorar la calidad del combustible a través de antioxidantes y detergentes en “una práctica ampliamente utilizada en los mercados internacionales”, señala un comunicado.
Esta medida está acompañada del resguardo de plantas que anunció el presidente Paz, quien denunció “sabotaje” en la estatal petrolera y dijo que ya se tiene identificados a los responsables, quienes serán puestos ante la Justicia.
“Estamos actuando en la defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégicas es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción”, expresó el mandatario en un mensaje televisado el lunes. El presidente remarcó el objetivo de garantizar la trazabilidad de los combustibles para prevenir cualquier intervención maliciosa y señaló que la supervisión militar permitirá identificar y cortar hechos irregulares técnicos y administrativos.
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Tras su anuncio, los medios locales reportaron la presencia de militares en las plantas de Senkata (El Alto), Valle Hermoso (Cochabamba) y Palmasola (Santa Cruz).
Ante esta disposición, el vicepresidente Lara —que anteriormente se declaró opositor al Gobierno— señaló que el presidente “debe entender que no se gobierna militarizando, transparentando y erradicando la corrupción”.
La medida también fue criticada por los choferes que llevan varias semanas realizando protestas por la calidad del carburante. “Parece un chiste; eso no es solución. La solución la tienen que dar los ingenieros”, afirmó el dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, y pidió que se realicen controles técnicos y de laboratorio antes de su distribución.
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El problema no es menor: el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) informó que al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos tienen fallas relacionadas con la “mala calidad del combustible”.
Bolivia atraviesa desde hace tres años una crisis de carburantes que inició con periodos de desabastecimiento y continúa con problemas para garantizar los estándares de calidad. Los crecientes problemas de importación por la falta de divisas provocaron periodos de escasez que iniciaron en 2023 y se fueron haciendo cada vez más frecuentes y prolongados. Con el cambio de gobierno, en noviembre de 2025, se regularizó el suministro, pero surgieron cuestionamientos sobre los controles y la calidad de la gasolina que se distribuye.
En ese contexto, en las últimas semanas los choferes sindicalizados realizaron protestas en diferentes ciudades del país e hicieron vigilias en instituciones públicas para exigir una solución estructural y definitiva, además de un resarcimiento de los daños provocados en sus vehículos.
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