La reacción fue inmediata. A poco de que Claudio Bonadio procesara a Ricargo Echegaray por los delitos de violación de secreto y falso testimonio, desde Cambiemos avanzaron para ordenar su salida de la Auditoría General de la Nación. El oficialismo consideró que era la "herramienta" que necesitaban para hacerlo.
La vicepresidente Garbiela Michetti y su equipo ultimaban los detalles de la resolución que ordena el desplazamiento del ex titular de la AFIP. Concretado el documento, bastará con su firma y la del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que se haga efectivo.
"El procesamiento del juez Bonadio a Echegaray nos dio la herramienta legal que necesitábamos para poder sacarlo de la auditoría", explicó Michetti. Es que el acuerdo entre oficialismo y el PJ para el nombramiento de Echegaray estipulaba que el cargo quedaba condicionado ante un eventual procesamiento. Aun cuando el ex funcionario tenía más de una causa abierta, el peronismo sostuvo su postulación.
Al respecto, la titular del Senado explicó: "Hubiéramos estado incumpliendo la ley si no lo designábamos porque la responsabilidad de nombrarlo al frente de la AGN es del partido de la oposición. En este caso el PJ". Y agregó: "Ahora podemos negarle este cargo en esta institución tan importante de la república".
Antes de que finalizara la redacción de la resolución que oficializará la destitución, Michetti adelantó: "No vamos a perder ni un minuto para redactar el decreto que le quita esa responsabilidad, que debe ser ejercida por alguien que reúna otras condiciones éticas".
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Según aseguraron desde el entorno del auditor a Infobae, la normativa ampara al ex director de la AFIP para resistir en el cargo. "Según la ley, no pueden ser designados auditores generales las personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal", explicaron cerca del funcionario.
Según ellos, tras el procesamiento dictado por Bonadio en primera instancia "no alcanza con una nota de los presidentes de ambas cámaras" del Parlamento para remover al titular de la AGN, lo que prevé una puja legal y política entre el oficialismo y el PJ.
En una línea similar se manifestaron las autoridades del Consejo Nacional del Partido Justicialista. En un comunicado, afirmaron que el auto de procesamiento "no configura un hecho por el cual haya que innovar en su situación", y sostuvieron que se requiere una ratificación de la Cámara que deje eventualmente firme la decisión.